En los últimos meses, tras la tregua dada al país por el Covid-19 gracias al excelente manejo que dio su gobierno a la crisis sanitaria heredada del anterior gobierno, el debate político y la agenda gubernamental empezó a funcionar ordinariamente.
Desde entonces acá, digamos se acabó la luna de miel que existió más allá de los famosos 100 días entre gobierno y oposición. Los partidos políticos, entre los cuales, algunos le sirvieron de aliados electorales circunstanciales, han iniciado con aparente éxito, sus estrategias y legítimo trabajo político en busca de colocarse en la mente de la ciudadanía como opción a suplantarlo en la Presidencia de la República. De igual manera, tanto su gobierno como el partido oficial, hacen lo propio para evitar su desplazamiento del poder. Así funciona la democracia.
Es aquí en este punto donde entiendo, debo hacerle un llamado de atención respeto a su voluntad de modificar la Constitución de la República, para en sus palabras, tocar aspectos estrictamente institucionales, como la modificación de la Ley del Ministerio Público para hacerlo entre comillas, independiente.
En primer lugar, luce improcedente hablar de cualquier tipo de Reforma a la Carta Sustantiva, pues desde 1994 a la fecha, todos los ex presidentes impulsaron y lograron sendas modificaciones constitucionales, pero ocurre, que usted Presidente, quien precisamente surgió del fruto de una crisis generada a lo interno del anterior partido oficial, por un conflictivo proyecto de reforma constitucional, que enfrentó al anterior presidente de la República Danilo Medina con el ex presidente Leonel Fernández, quien para entonces, era presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no debe sugerir nada al respecto y menos, a meses de cumplir la primera mitad de su periodo de gobierno.
Lo primero es que usted no necesita de una modificación constitucional para realizar el gobierno que juró ante la Asamblea Nacional. Usted se presentó con el slogan “El gobierno del cambio”, pero sigue haciendo lo mismo en cierto sentido y para hacer menos creíble su anunciado propósito con el consenso político buscado a través del Consejo Social y Económico, la honorable ex vicepresidenta de la República y prominente dirigente política miembro de su partido, doctora Milagros Ortiz Bosch, cuestionó los actuales porcentajes electorales que la Constitución actual, exige para ganar la presidencia de la República en primera vuelta electoral, popularmente conocido como “el 50+1”.
Suponemos fue un error político de la también, ex Senadora por el Distrito Nacional y Ministra de Educación, pero puso en alerta y desató los demonios en la oposición ante su legítima candidatura reeleccionista y los inconvenientes que podría usted tener, al no poder alcanzar dicho porcentaje en la venideras elecciones.
En segundo lugar: Usted como el primer mandatario de la nación, admitió ante las cámaras de televisión en entrevista concedida a los veteranos periodistas: Huchy Lora y Alicia Ortega, no tener ningún tipo de control de la Procuraduría General de la República, al afirmar qué se entera de ciertos allanamientos a través de la prensa como un ciudadano común, una situación criticable en términos institucionales.
Para algunos, quizás esto sea real independencia del órgano persecutor y acusador del Poder Ejecutivo, sin embargo existe una terrible equivocación al respecto. Me explico.
Sucede que en todos los países del mundo, tomando como ejemplo los más desarrollados en términos institucionales, la figura del Ministerio Público, Fiscal General, Ministerio Fiscal o como se la llame, lo designa el Poder Ejecutivo. Eso es parte de la ciencia de la administración del Estado.
En Estados Unidos de América, recientemente todos observamos como el presidente Biden designó una jueza al Tribunal Supremo y a nadie se ha ocurrido pensar que se trata de un pago político, ni nada parecido. Así es designada la persona que ejerce la función de fiscal general. De igual manera, en las democracias europeas con España como ejemplo, el Fiscal General, lo designa el presidente del gobierno, no el rey, aunque este último sea el jefe del Estado y esta persona, una vez es posicionado(a) en el cargo, aunque haya sido legítimamente dirigente político, ejercerá el cargo con total garantía constitucional. En ambos casos, estos funcionarios judiciales comparten y despachan con el Poder Ejecutivo ciertas informaciones sensibles, tipificadas como “secretos de Estado”. Eso debería hacer la doctora Miriam Germán Brito.
En tal sentido, el hecho que usted la haya designado Procuradora General de la República sin ser quizás su deseo, más bien, movido por un movimiento de opinión pública organizado por ciertos sectores de la sociedad civil, entre los cuales, algunos ya han sido premiados por su gobierno con embajadas importantes y altas representaciones en Organismos Internacionales, ella está en deber institucional de mantenerlo al corriente de tales informaciones, como primer mandatario de la nación.
Este precepto institucional en nada paraliza la acción de persecución judicial de la PRG, pues usted como Presidente de la República, jamás le recomendaría engavetar un expediente por miedo a consecuencias electorales. Así también funciona la democracia.
En tal sentido, olvídese de la reforma constitucional con ese y otros propósitos y continúe trabajando por el país y el bienestar del pueblo dominicano. Si bien lo hace, quizás, el mismo pueblo le ofrezca una continuidad en el poder, de lo contrario, pagará en las urnas, el no haber satisfecho las exigencia y expectativas de una mayoría que votaría su salida del Palacio Nacional.
Autor: Lic. Luis Columna Solano