RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió el criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Arturo Chalas Guerrero, luego de que este devolviera RD$20 millones al Estado dominicano y colaborara de manera eficaz con la investigación que se le seguía en un proceso que involucra a exministros, quedando así libre de acción penal.
La magistrada declaró la extinción de la acción penal a favor de Chalas Guerrero, tras acoger el pedimento del órgano acusador, sustentado en los artículos 370, numeral 6, y 44, numeral 6, del Código Procesal Penal.
El imputado presuntamente aportó información relevante y útil para el esclarecimiento de los hechos investigados y para probar la participación de otros implicados, lo que permitió la aplicación del referido mecanismo legal.
Como parte del acuerdo, el exfuncionario entregó voluntariamente RD$20,000,000.00 a favor del Estado dominicano, distribuidos en RD$17 millones mediante cheques certificados.
Asimismo, RD$3 millones correspondientes al valor estimado de dos vehículos de alta gama, un Audi Q7, año 2014 y un Volvo XC90 Momentum T5, año 2019, ambos de color negro.
Los fondos y bienes fueron depositados en la cuenta PGR-Incautaciones Pepca, conforme al inventario presentado por el Ministerio Público.
En consecuencia, el tribunal ordenó el cese de todas las medidas de coerción que pesaban en su contra, incluyendo el impedimento de salida del país y la presentación periódica, quedando Chalas Guerrero libre de acción penal en este proceso.
Durante su comparecencia, Chalas Guerrero admitió ante el tribunal que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de los cobros realizados a las bancas que operaban de manera irregular.
Manifestó que en una ocasión conversó con Donald Guerrero sobre la necesidad de detener esa “estructura mafiosa”, propuesta que inicialmente fue aceptada. Sin embargo, sostuvo que tras una disminución en las recaudaciones, el entonces ministro ordenó que se restableciera la estructura anterior.
Asimismo, afirmó que a las bancas ilegales se les cobraban montos que oscilaban entre RD$3,000 y RD$6,500 mensuales para permitirles continuar operando, indicando que debido a la gran cantidad de bancas involucradas desconocía el monto total recaudado.
De acuerdo con el Ministerio Público, los denominados criterios de oportunidad constituyen una herramienta legal orientada a la recuperación de recursos públicos y al desmantelamiento de estructuras de corrupción, especialmente cuando la colaboración del imputado resulta determinante para investigaciones de mayor alcance.
Otros acusados en este caso son el exministro y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo; el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta; y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, entre otros señalados como parte de una estructura que sustrajo del erario público miles de millones de pesos.
