Estados Unidos debe ser consciente de su poder hegemónico y de la responsabilidad histórica que ese poder conlleva. Pretender acusar a presidentes o líderes políticos extranjeros por narcotráfico, desde una lógica exclusivamente judicial y unilateral, no solo es una simplificación peligrosa: es una contradicción estructural del propio sistema hemisférico.
El narcotráfico no es un delito que nace, crece y se reproduce en un solo país. Es una cadena transnacional donde confluyen producción, tránsito, consumo, lavado de activos, armas y complicidades institucionales. En esa cadena, ningún Estado del continente puede presentarse como moralmente impoluto. Si el criterio fuera “permitir la salida”, entonces, llevado al extremo, todos los presidentes de América serían culpables, porque ninguno ha logrado erradicar por completo la producción o el tránsito. Y si el criterio fuera “permitir la entrada”, la responsabilidad alcanzaría de lleno a los grandes mercados de consumo.
La pregunta incómoda es esta: ¿puede un país erigirse en fiscal global cuando su propio sistema financiero ha sido históricamente el principal lavador de capitales ilícitos? ¿Cuándo su demanda interna sostiene el negocio? ¿Cuándo la política de drogas ha oscilado entre la prohibición punitiva y la tolerancia selectiva, sin resolver el problema de fondo?
Criminalizar a jefes de Estado extranjeros por vía judicial externa no fortalece el Estado de derecho internacional; lo debilita. Sustituye la diplomacia, el multilateralismo y la corresponsabilidad por una narrativa de castigo ejemplar que, en la práctica, termina siendo selectiva y geopolítica. Hoy se acusa a unos; mañana se tolera a otros. El mensaje no es justicia: es poder.
Nada de esto implica negar la existencia de corrupción, connivencia o delitos graves en gobiernos latinoamericanos. Implica, más bien, reconocer que el narcotráfico es un fenómeno sistémico, y que su combate exige soluciones compartidas: control financiero real, reducción de la demanda, cooperación judicial multilateral, fortalecimiento institucional y políticas sociales que ataquen las raíces económicas del problema.
Estados Unidos, Estados Unidos, tiene la capacidad de liderar ese esfuerzo desde la corresponsabilidad, no desde la acusación unilateral. Persistir en la figura del “juez universal” puede generar aplausos internos, pero erosiona la legitimidad internacional y profundiza la desconfianza en la región.
La lucha contra el narcotráfico no se ganará señalando presidentes desde el norte. Se ganará cuando todos, empezando por las grandes potencias, asuman su parte del problema. Solo entonces la justicia dejará de parecer una herramienta de poder y comenzará a parecer lo que debe ser: un principio común.
En República Dominicana, estamos esperando una ola de extradición que se ha parado por intereses externos. Esperamos que esta vez se cumpla el mandato que por Dios se está demandando, sin injusticias ni privilegios.
Por: Jeremy Jiménez Olivero.
Abogado, político y escritor, con máster en Derecho Internacional y doctorando en Historia del Caribe.
Exprecandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, columnista de El Nuevo Diario y presidente de la Fundación de Apoyo Social contra la Pobreza.
Ha sido asesor jurídico del Centro de Operaciones de Emergencia y del sistema de seguridad portuaria.
Miembro de la Dirección Central y Vocero de la Juventud del Partido de la Fuerza del Pueblo.