RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON, D.C.— El congresista Adriano Espaillat, junto al senador Ron Wyden y otros 68 legisladores demócratas, solicitó la apertura de una nueva investigación sobre agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por la presunta compra sin orden judicial de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses.
Los miembros del Congreso pidieron al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, investigar a ICE y a otras agencias del departamento que, según señalan, habrían retomado la adquisición de este tipo de información.
El inspector general ya había determinado previamente que la compra de datos de localización por parte de ICE era ilegal, lo que llevó al cierre del programa en 2023. Esa investigación fue solicitada por Wyden junto a los senadores Elizabeth Warren, Ed Markey y Brian Schatz.
“Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar la religión, las opiniones políticas, las afecciones médicas, las adicciones y las personas con las que alguien pasa tiempo. Por ello, normalmente el gobierno debe obtener una orden judicial para exigir dichos datos a compañías telefónicas o tecnológicas”, escribieron los legisladores en su carta al inspector general.
En el documento también expresaron preocupación por lo que consideran una falta de regulación clara dentro del DHS sobre el uso de datos comerciales. “Dada la incapacidad del DHS para adoptar una política sobre el uso de estos datos, sumada al hecho de que ICE otorgó un contrato sin licitación a un intermediario de datos que probablemente está violando la ley federal, le instamos a abrir una nueva investigación sobre la adquisición y uso de datos de localización”, señalaron.
Según un informe del medio 404 Media, en 2025 ICE otorgó sin licitación un contrato a la empresa de vigilancia Penlink, que incluía licencias para su sistema de rastreo de ubicación Webloc. Este producto fue desarrollado por la compañía Cobwebs Technologies, que se fusionó con Penlink en 2023.
La empresa Cobwebs también fue objeto de controversia luego de que Meta la prohibiera en 2021 como parte de una ofensiva contra compañías vinculadas a prácticas de vigilancia abusiva, tras detectar que clientes de la firma presuntamente habían dirigido acciones contra activistas, opositores políticos y funcionarios en lugares como Hong Kong y México.
Los legisladores también denunciaron que ICE ha dificultado la supervisión del Congreso sobre estas adquisiciones. La oficina del senador Wyden solicitó una reunión informativa con la agencia poco después de que se revelara el contrato en octubre de 2025. Aunque se programó un encuentro para el 10 de febrero de 2026, ICE lo canceló un día antes sin ofrecer explicaciones ni una nueva fecha.
En su solicitud, los congresistas pidieron al inspector general investigar varios aspectos clave, entre ellos si ICE y otras agencias del DHS están comprando datos de localización obtenidos ilegalmente; cómo se utilizan esos datos; si han sido empleados para investigar a ciudadanos estadounidenses que participan en actividades protegidas por la Constitución, como protestas; y si existen auditorías internas para detectar posibles abusos.
Asimismo, cuestionaron por qué el DHS aún no ha adoptado una política clara para el uso de datos de localización comerciales, a pesar de que dicha medida fue recomendada desde 2023.
