RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia y el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) entregaron este martes dos documentos al Congreso Nacional donde exponen varias propuestas que mejorarían el debatido proyecto que busca regular los fideicomisos públicos en el país.
Las propuestas, que abarcan docenas de páginas, fueron presentadas a la Cámara de Diputados por Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT y por Miguel Surún Hernández, líder del CARD, quienes expusieron supuestas violaciones a las leyes de Compras y Contrataciones Públicas y de Función Pública.
En específico, Potentini aclaró que la Fundación que dirige favorece la creación de una ley para regular los fideicomisos públicos, pero sostuvo que la pieza que conocen los diputados «tiene incongruencias que harían inviable la pieza.»
Por tanto, consideró como «una distorsión» que el director de Compras y Contrataciones autorice «a todo el mundo» para realizar reglamentos en los fideicomisos ya que, como explicó, esta es una función inherente del presidente de la República.
Además, calificó como «un absurdo» que la Superintendencia de Bancos «sea juez y parte» en los fideicomisos públicos porque la misma es una institución llamada a regular los movimientos financieros.
Según el análisis de Potentini, el proyecto de ley también establece que será facultativo de los directivos de un fideicomiso si entregan o no ciertas informaciones a la sociedad, lo que, a su juicio, violaría la ley de Libre Acceso a la Información.
Además, puntualizó que sería «perturbador» que el comité técnico para dirigir los fideicomisos esté integrado por una mayoría empresarial y una minoría de funcionarios públicos, por lo que se correría el riesgo de que los fideicomisos estén dirigidos por el sector privado.
Otra falencia que detectó la FJT es el manejo de las deudas en los fideicomisos que, de acuerdo con el proyecto, no pasarían por el Congreso Nacional, además de que no se detalla el tiempo que durarían los fideicomisos para realizar proyectos e inversiones públicas en el país.
«Estamos planteando que se haga la corrección de lugar y por eso traemos este aporte porque si no, el destino de este proyecto sería el Tribunal Constitucional», manifestó Potentini al instar a los diputados a integrar a toda la sociedad en el debate del criticado proyecto.
Lo que opina el Colegio de Abogados
La misma jornada también fue aprovechada por el CARD, quien en voz de Hernández depositó su oposición al proyecto que organizaría legalmente los fideicomisos por entender que con la pieza supuestamente se busca entregar los bienes del Estado.
Los abogados consideran la pieza como una presunta alternativa del Gobierno para «la entrega y despojo irregular del patrimonio público» a favor de los empresarios de turno.
Al igual que la FJT, los abogados también puntualizaron que el proyecto presenta una clara violación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas al establecer un reglamento para las negociaciones que «permitirá la entrega gratuita de los bienes estatales sin que exista ninguna consecuencia.»
Hernández expresó que los abogados «están anonadados» por las negociaciones que se harían con los activos públicos y pidieron mejorar en el proyecto los aspectos de leyes de Función Pública, Libre Acceso a la información y manejo de la Superintendencia de Bancos en los fideicomisos.
Curso del proyecto en el Congreso
Aunque fue aprobado hace meses por el Senado, el proyecto para regular los fideicomisos encontró sus cañones cuando fue estudiado en la Cámara de Diputados, donde aún no ha logrado el consenso necesario para su aprobación.
Aunque ya una comisión especial de diputados está lista para presentar un informe en el hemiciclo, la pieza no ha logrado su aprobación porque en las sesiones donde ha sido motivada, los legisladores opositores detienen su autorización pidiendo más tiempo para corregir los errores que tiene la pieza congresual que elaboró el Poder Ejecutivo.
