RESUMEN
La captura del presidente (dictador) venezolano Nicolás Maduro, ejecutada por orden directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, constituye uno de los acontecimientos más disruptivos del sistema internacional en lo que va del siglo XXI.
Se trata de un hecho sin precedentes recientes: la detención de un jefe de Estado en funciones fuera de un mandato multilateral, lo que sacude los pilares sobre los que descansa el derecho internacional público, en particular los principios de soberanía, inmunidad de jurisdicción y no intervención establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Desde la óptica jurídica, las acusaciones formuladas contra Maduro —narcotráfico internacional, conspiración criminal y crímenes de lesa humanidad— han sido sostenidas durante años por el sistema judicial estadounidense y por informes de organismos internacionales de derechos humanos. No obstante, el punto de quiebre no está en la gravedad de los cargos, sino en el mecanismo utilizado para hacerlos valer. La ausencia de una orden emanada de la Corte Penal Internacional o de una resolución del Consejo de Seguridad plantea un serio conflicto de legalidad internacional y abre el debate sobre si Estados Unidos actuó como garante de la justicia global o como juez y ejecutor unilateral.
En el plano diplomático, las reacciones de las grandes potencias han evidenciado una profunda fractura del orden mundial. China y Rusia han condenado la captura como una violación flagrante del derecho internacional y un acto de fuerza incompatible con la convivencia entre Estados soberanos.
La Unión Europea ha expresado preocupación por el precedente creado, insistiendo en que la rendición de cuentas debe canalizarse exclusivamente por vías multilaterales. En contraste, aliados estratégicos de Washington en otras regiones han respaldado la acción bajo el argumento de que la impunidad prolongada también erosiona la credibilidad del sistema internacional.
Paralelamente, han emergido diversas hipótesis sobre cómo se produjo la captura, alimentando una intensa batalla narrativa. Una de ellas apunta a una traición interna en el círculo de poder chavista, supuestamente encabezada por Delcy Rodríguez, conocida como “la tigresa del chavismo”, lo que evidenciaría una fractura irreversible dentro del régimen.
Otra versión sostiene que el propio Maduro habría negociado su salida bajo este formato, buscando evitar la imagen de una entrega voluntaria que pudiera interpretarse como cobardía política, prefiriendo proyectarse como víctima de una operación de fuerza extranjera. Ambas hipótesis, aunque no confirmadas oficialmente, revelan el nivel de descomposición institucional y la complejidad del escenario venezolano.
Para el continente americano, el impacto es particularmente delicado. América Latina revive viejos temores asociados a la intervención directa de potencias extranjeras en los asuntos internos de la región, incluso cuando se invoquen causas legítimas. Gobiernos de distintas corrientes ideológicas coinciden en una inquietud central: si la inmunidad de un jefe de Estado puede ser levantada de forma unilateral, se debilita la arquitectura diplomática regional y se instala una lógica de fuerza que históricamente ha perjudicado la estabilidad política del hemisferio.
La captura de Maduro trasciende al propio mandatario venezolano y se convierte en un punto de inflexión para el sistema internacional. El hecho obliga a replantear los límites entre justicia, poder y legalidad, y deja al continente frente a una disyuntiva compleja: aceptar la erosión del derecho internacional en nombre de la lucha contra el crimen, o defender las normas comunes aun cuando estas hayan sido incapaces de ofrecer respuestas oportunas.
Como advirtió el jurista Hans Kelsen, “el derecho internacional existe, pero es frágil cuando choca con los intereses de las grandes potencias”, una reflexión que hoy cobra plena vigencia ante un mundo donde la fuerza amenaza con imponerse nuevamente sobre la norma.
Por América Pérez
Lic. Comunicación Social «Periodismo»
Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional