La reciente amonestación del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial contra el magistrado Rigoberto Sena ha encendido una alarma sobre los límites de la libertad de pensamiento en el estrado. El «pecado» del juez, según el órgano disciplinario, fue incluir juicios, reflexiones y citas bíblicas en la motivación de las medidas de coerción contra los imputados en el fraude de Senasa. Sin embargo, lo que se presenta como una falta de «prudencia» es, en realidad, un exceso de celo burocrático contra una justicia con rostro humano.
Se argumenta que el uso de textos bíblicos resulta impropio en una sentencia laica. No obstante, la judicatura no opera en un vacío cultural. Desde la filosofía clásica hasta el humanismo moderno, los jueces han recurrido a fuentes universales para ilustrar la gravedad de la falta ética. Castigar a un magistrado por citar la Biblia, un texto que es cimiento moral de nuestra civilización y de nuestra propia Constitución, es confundir la laicidad del Estado con una esterilidad intelectual que despoja al juez de su capacidad de persuasión.
El magistrado Sena no sustituyó la ley por la fe; utilizó la palabra para dar dimensión a la lesión social causada por el fraude en el Seguro Nacional de Salud. En un caso donde se vulneraron fondos destinados a la vida y la dignidad de los más pobres, ¿cómo se le puede exigir a un juez una frialdad absoluta? Las reflexiones de Sena no fueron un desvío jurídico, sino un refuerzo ético a una decisión fundamentada en derecho.
Esta reprimenda envía un mensaje intimidatorio a la judicatura: se prefiere al juez que redacta de forma mecánica, casi robótica, sobre aquel que se atreve a confrontar moralmente al delincuente. Si prohibimos que un juez use su acervo cultural y sus convicciones éticas para motivar por qué la corrupción es un mal social, estamos vaciando de contenido la justicia.
La verdadera imprudencia no reside en las citas de Sena, sino en el intento del Poder Judicial de uniformar el pensamiento de sus magistrados. Un juez que reflexiona, que siente y que conecta la ley con los valores universales es un juez que entiende su rol social.
El magistrado Rigoberto Sena ha actuado con la valentía de quien no teme ponerle nombre a la maldad administrativa. Amonestarlo por su estilo argumentativo es un retroceso. En una República Dominicana sedienta de integridad, necesitamos jueces que, además de aplicar el código, recuerden a la sociedad que la justicia es, ante todo, un valor ético indomable.
Por: Hamlet Hilario/Abogado