RESUMEN
En la República Dominicana el tránsito se ha convertido en una prueba diaria de reflejos, paciencia y resistencia mecánica. Pero no todo el peligro proviene de la imprudencia de algunos conductores o del crecimiento desordenado del parque vehicular. Existe un factor menos denunciado y, sin embargo, determinante: decisiones técnicas deficientes que están convirtiendo las propias obras públicas en focos de riesgo.
Una de las prácticas más cuestionables es el asfaltado superficial que se limita a colocar una nueva capa de material sobre el pavimento viejo y deteriorado, sin nivelar adecuadamente las tapas de alcantarillas y registros. El resultado es tan predecible como peligroso: tapas hundidas varios centímetros por debajo del nuevo nivel de la vía, convertidas en verdaderos cráteres artificiales en calles recién “remozadas”.
Cada vez que un vehículo cae violentamente en uno de estos desniveles, el impacto repercute en el tren delantero, amortiguadores, rótulas, neumáticos y hasta en la estructura inferior de la carrocería. Los talleres lo saben; los conductores lo padecen. Lo más alarmante es que muchos accidentes se producen cuando, al detectar el hueco a última hora, el conductor trata de esquivarlo con una maniobra brusca que termina en colisión.
Pero el problema no termina ahí.
A esto se suma la proliferación indiscriminada de los llamados “policías acostados” en calles interiores de sectores urbanos. En teoría, su función es reducir la velocidad y proteger a peatones. En la práctica, muchos son construidos sin criterios técnicos uniformes, con alturas excesivas, sin señalización previa adecuada y, lo más grave, sin pintura reflectante ni elementos luminosos que los hagan visibles en la oscuridad.
En numerosas calles mal iluminadas, estos obstáculos aparecen de repente frente al conductor. El resultado puede ser un frenazo intempestivo, un impacto severo contra el propio reductor de velocidad o un choque por alcance. Una medida pensada para proteger termina generando nuevos riesgos cuando no se ejecuta con planificación ni estándares claros.
Y como si fuera poco, existe otro problema que agrava la inseguridad vial y la desorientación urbana: la ausencia o deficiencia en la identificación de las calles. En muchas intersecciones simplemente no hay letreros con los nombres. En otras, los hay, pero con letras diminutas, colocadas en ángulos poco visibles o cubiertas por vegetación y cables.
El conductor —ya atento a baches, tapas hundidas y “policías acostados”— debe además adivinar en qué calle se encuentra. Esta falta de señalización no solo afecta a residentes y visitantes; complica la labor de ambulancias, bomberos, repartidores y cualquier servicio de emergencia que dependa de una ubicación clara y rápida.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y los ayuntamientos tienen la responsabilidad directa de corregir estas fallas. No se trata de inversiones millonarias imposibles de ejecutar, sino de aplicar criterios básicos de ingeniería vial: nivelar correctamente las tapas antes de asfaltar, estandarizar los reductores de velocidad con señalización reflectante visible de noche y garantizar una identificación clara y legible en cada intersección.
La infraestructura no se puede seguir construyendo de manera anárquica. Cada tapa hundida, cada “policía acostado” invisible y cada calle sin nombre son piezas de un mismo problema: la falta de planificación integral.
Modernizar las vías no consiste únicamente en extender asfalto. Consiste en diseñar ciudades seguras y funcionales, con señalizaciones y letreros legibles. Mientras no se entienda esto, seguiremos inaugurando calles que, lejos de facilitar el tránsito, lo convierten en una ruleta diaria donde el ciudadano paga las consecuencias con su bolsillo, con el estrés que enferma… y muchas veces, con su vida.
Por José Flández