La reciente reunión celebrada por la dirección Política el pasado 3 de octubre, tras el proceso electoral de renovación de las estructuras interna del partido Fuerza del Pueblo, ha dejado un mensaje inequívoco que se traduce en compromiso con las angustias reales de la sociedad. En esa primera sesión, se decidió convocar a una marcha pacífica para el 30 de noviembre en respaldo a los reclamos sociales.
La primera decisión política después de un proceso interno dice mucho sobre la lectura que la organización hace del momento que vive el país. No es un gesto menor, que esta sea salir a la calle, no para celebrar cargos, sino para acompañar el malestar de la gente. El comunicado oficial de la Fuerza del Pueblo advierte que la República Dominicana enfrenta una “crisis profunda en diversos ámbitos, marcada por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el aumento de los apagones y la escasez de agua potable”. Esa reacción, lejos de ser una consigna, coincide con lo que millones de dominicanos sienten cada día cuando hacen mercado, cuando llegan a sus casas a oscuras o cuando abren una llave y no fluye agua.
Pero, ante esta convocatoria, el Poder Ejecutivo ha respondido defendiendo sus cifras. El presidente de la República, al referirse públicamente a la marcha, aseguró que “el peor enemigo de la oposición es Google” y llamó a comparar las estadísticas de su gestión con las de gobiernos anteriores. La frase es ingeniosa, pero el debate no puede quedarse en el ingenio. Los números macroeconómicos son importantes; sin embargo, ningún indicador sustituye la experiencia concreta de las familias que ven cómo el salario se les queda corto antes de que termine el mes.
Queriendo ignorar que el costo de los alimentos, de los medicamentos, del transporte y de la vivienda golpea con más fuerza precisamente a esos sectores que no aparecen en las ruedas de prensa oficiales. Cuando una madre tiene que reducir las raciones de comida, cuando un joven debe abandonar sus estudios porque no puede pagar transporte y materiales, cuando un pequeño negocio pierde mercancía por la inestabilidad eléctrica, la discusión deja de ser abstracta. Por eso, cuando la Fuerza del Pueblo denuncia el “alto costo de la vida, que golpea a las familias más vulnerables”, no hace más que poner en palabras una realidad que recorre barrios, campos y ciudades.
Y nada que decir sobre la inseguridad ciudadana, cuadro que completa la ansiedad cotidiana. Esta no se trata únicamente de índices delictivos, sino del miedo real con que se vive en muchos sectores, jóvenes que salen a estudiar sin certeza de regresar con el celular o la mochila, trabajadores que temen caminar a ciertas horas, familias que han tenido que reconfigurar sus rutinas para evitar puntos de mayor riesgo. De ahí que el comunicado señale el “incremento de la inseguridad ciudadana, que mantiene en zozobra a barrios y comunidades” como uno de los detonantes de la protesta. Más aún si sumamos a todo esto los apagones y la crisis del agua potable.
La marcha del 30 de noviembre, como una “marcha pacífica” en respaldo a las demandas sociales, se inscribe dentro de los mecanismos legítimos que la Constitución reconoce a la ciudadanía. El derecho a la protesta ordenada, no violenta, es una de las expresiones más altas de una democracia viva. Descalificar de antemano a quienes deciden ejercerlo, o reducir sus motivaciones a cálculos electorales, significa ignorar el trasfondo de frustraciones que se viene acumulando desde hace tiempo.
Es relevante el momento en que la Dirección Política recién ratificada aprueba esta acción, y más aún que lo haga en su primera reunión formal, lo que sin dudas indica una voluntad de vincular la legitimidad interna con la responsabilidad frente al país. No se trata de una aventura improvisada, sino de una decisión adoptada por el máximo órgano de conducción partidaria, que carga sobre sus hombros el desafío de construir una alternativa fiable y fidedigna desde la oposición.
Desde esa perspectiva, identificarse con la decisión de marchar no es un acto de fanatismo, sino una toma de posición ética. Es afirmar que, más allá del color de la bandera partidaria, hay una prioridad irrenunciable, que lo es, escuchar el clamor del pueblo. Las estadísticas pueden ser útiles para entender el país, pero nunca sustituirán a la voz de quienes lo sostienen con su trabajo silencioso. El 30 de noviembre, en las calles, esa voz encontrará un cauce. Y la historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo escucharla, prefieran refugiarse detrás de un buscador de internet.
Este domingo 30, más que una disputa entre gobierno y oposición, veremos una confrontación entre dos formas de mirar la realidad, la que se contenta con las láminas de presentación y la que se atreve a caminar al lado de quienes sienten que la promesa de bienestar se ha quedado corta. Yo elijo, sin vacilaciones, estar del lado de estos últimos.
Por: José Peña Santana.