RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Contrario a lo que ocurre en los tribunales de República Dominicana, donde solo en el 13% de los casos civiles y penales que se presentan los imputados logran ponerse de acuerdo sin tener que ir a juicio de fondo, en Puerto Rico, los arreglos entre las partes implicadas oscilan entre el 90 al 95%.
Estos convenios son conocidos en la justicia boricua como alegación preacordada y muchos ciudadanos prefieren someterse a ellos por lo agotador que suelen resultar dichos procesos.
Debido a la elevada frecuencia de estos pactos, la población carcelaria de Puerto Rico es de apenas 5,614 reclusos en la actualidad, pese a la gran cantidad de delitos que se suscitan allí.
Los datos fueron corroborados a una delegación de periodistas y jueces dominicanos por varios ejecutivos del Poder Judicial de la vecina isla, entre ellos Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, quien aclaró que «no todo el que llega a un acuerdo es culpable».
Asimismo, explicó que la mayoría de los casos donde los ciudadanos establecen pactos corresponden a conflictos sociales entre vecinos, violencia doméstica e incidentes relacionados con la salud mental, los cuales son de competencia municipal.
La importancia de la Regla 72 en los acuerdos
Sobre el tema, también se refirió el fiscal del distrito judicial de Bayamón, Gabriel Arredondo, quien entiende que en la proliferación de estos tratos ha jugado un papel importante la Regla 72, sobre Procedimiento Criminal, la cual permite que la fiscalía y los abogados defensores creen las condiciones propicias para concretizar los pactos.
“Esta regla es muy práctica, porque evita que los casos se acumulen”, enfatizó el representante del Ministerio Público, antes de agregar que cuando los fiscales ven un caso que tendrá que ser decidido por la jueza les recomiendan a las partes que dialoguen.
Explicó que el proceso de negociación inicia con una simple querella, la que da la voz de alerta de que ocurrió algo.
“Esto es el aviso público de que alguien se está quejando, esa es la querella de la Policía, que pertenece al Ejecutivo, que es una agencia hermana a fiscalía. Ellos se encargan de investigar, y cuando tienen la investigación finalizada vienen a nosotros los fiscales”, continuó explicando Arredondo.
Luego se presenta la denuncia de manera formal contra el acusado, la cual consta de una sola página, en la que se detalla la fecha, nombre del imputado, de los querellantes y la supuesta infracción cometida.
Más sobre las transacciones
La jueza Maritere Colón, directora administrativa auxiliar de los tribunales de Puerto Rico, también resaltó las ventajas que tienen destacó las ventajas de los acuerdos para la agilización del sistema judicial de la llama “Isla del Encanto”.
“Las transacciones nos ayudan a poder adelantar los casos. Desde el inicio fomentamos los acuerdos transaccionales, porque le sale más económico al ciudadano”, precisó.
Explicó que una vez las partes llegan a un acuerdo transaccional notifican al tribunal ya sea privado o exponiendo las especificaciones de lo convenido.
Luego, el tribunal emite una sentencia acogiendo ese acuerdo transaccional y ordenando su estricto cumplimiento.
“En caso de que las partes incumplieran el acuerdo el dictamen del tribunal le daría ese valor jurídico”, puntualizó Colón.
La realidad carcelaria dominicana
Desde hace muchos años el sistema penitenciario dominicano viene enfrentando dificultades, siendo algunas de ellas la saturación de casos en los tribunales y la sobrepoblación carcelaria que hasta marzo pasado era de 157.13%.
De acuerdo a las estadísticas presentadas por la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en su informe publicado el citado mes, para ese entonces los más de 40 centros penitenciarios del país albergaban 24,671 personas, 8,000 mil más que los 15,701 espacios disponibles en todo el espectro carcelario.
Y un dato mucho más preocupante, según la citada entidad, es que de ese total de reclusos, 15,276 cumplían prisión preventiva, equivalente a más del 60%.
Pero peor aún, según cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 40% de los privados de libertad en el país guarda prisión por delitos menores, contrario a lo que ocurre en Puerto Rico, que en la mayoría de veces estos casos ni siquiera llegan a los tribunales.
Fuente: DGSPC / Infografía: Pedro Ramírez
Entre las cárceles más sobrepoblas según las cifras presentadas por la DGSPC, se encuentran la Penitenciería Nacional de La Victoria y el Centro Correccional Najayo Hombres (CCR). La primera fue construida para para albergar 2103 personas, pero en la actualidad la habitan 4,968, casi un 240% más.
Mientras que penal ubicado en la provincia San Cristóbal al momento de la presentación de los datos tenía una población 2,376 internos, pese a que su capacidad inicial era de 1,137.
Saturación preocupa a legisladores y juristas
Esa cruda realidad que enfrenta el sistema carcelario dominicano preocupa sobremanera a legisladores y abogados, quienes coinciden en que una de las vías para reducir a su mínima expresión dicha saturación es la implementación de los acuerdos entre los imputados, tal como ocurre en Puerto Rico.
«Nosotros entendemos que una forma de evitar que todo sea procesado es que las partes lleguen a acuerdos», expresó Sando Sánchez, presidente de la Comisión Permanente del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados.
Noticia relacionada: Legisladores afirman saturación de casos en los tribunales se debe a la falta de acuerdos
De su lado, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía, Carlos Sánchez, manifestó que los problemas que enfrenta el sistema son de carácter multifactorial, y entiende que la responsabilidad no solo recae en los tribunales, sino también en el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Puso como ejemplo «la mala aplicación del Código Procesal Penal«, que establece siete medidas coercitivas, destacando que la más recurrente es la prisión preventiva, «y por eso ustedes ven la acumulación de expedientes de casos que hay, porque a todo se le quiere dar prisión preventiva«.
No obstante, el congresista se mostró a favor de que los tribunales sean más flexibles en cuanto a los acuerdos, para que no todos los procesos lleguen a juicio y de esa manera evitar la saturación de casos y las moras judiciales.
Otros ven más allá de los pactos
Los también legisladores José Alberto Jiménez, del partido Fuerza del Pueblo (FP), y Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), creen que además de los arreglos entre las partes, hay otros factores que contribuyen al congestionamiento de los tribunales y las cárceles.
«Si bien es cierto que hay un conjunto de leyes que debe de ser aprobadas, porque la Constitutución del 2010 así lo requiere, la mora no está ahí, la mora está en los funcionarios judiciales que no están llevando a cabo una labor de eficiciencia en el trabajo», expresó Jiménez.
En adición a su opinión, el también exfiscal de la provincia Sánchez Ramírez puntualizó que hoy en día los tribunales son compuestos por diferentes cámaras y jueces, «y antes en la provincia había un juez para conocer todas las materias y era más eficiente».
«Antes en la República Dominicana teníamos 400 fiscales y ahora 1500, sin embargo, la población siente más retraso en los procesos» subrayó el exfiscal de la provincia Sánchez Ramírez.
Hablando sobre el mismo tema, la congresista Suárez sostuvo que en el país hay legislaciones para todos los casos y solicitó al Ministerio Público a no responsabilizar a los congresistas de la problemática.
«Que no reboten la responsabilidad, que nosotros los legisladores estamos haciendo nuestro trabajo; ahora, ellos que hagan el de ellos. Si le falta personal entonces que hable de personal y si le falta experiencia a ese personal para aplicar las leyes pues que los entrene», mnifestó la diputada por Santiago refiriendose al Ministerio Público.
Abogados también apoyan los acuerdos
Conscientes de que son entes importes del sistema, para la realización de este trabajo fueron abordados varios abogados, los cuales también coincidieron en que una solución para disminuir la sobrepoblación carcelaria que afronta el país es recurrir más a los acuerdos entre las partes involucradas.
«Y qué nosotros sugerimos, que no se judicialicen todos los casos, hay caos de pocas monta, casos de bagatela, casos que en el camino se diluyen porque no tienen pruebas suficientes o no cometieron los hechos, hay que absorberlos, hay que darle un auto de no ha lugar. Entonces estamos perdiendo el tiempo cargando el sistema con un montón de casos que al final salen descargados», expresó el jurista Rodolfo Valentín Santos, quien además es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
En ese sentido, sugirió que se aplique lo que establece el Código Procesal Penal, que aconseja a los jueces tratar de resolver el conflicto sin la necesidad de llegar a una decision judicial.
«El artículo 2 del Código Procesal Penal habla, y de hecho, la modificación al código, ese texto tampoco lo modifica y es el hecho de que solamente los casos relevantes son los que deben de judicializarse», enfatizó Valentín Santos.
«Los demás deben de acordarse, en Puerto Rico, que está cerca, acuerdan el 95% de los casos penales», recordó.
Sostuvo que en la Isla del Encanto los aucerdos ya son una cultura, «una costumbre legal y nadie se queja, ni siquiera los medios de comunicación en aquellos casos de relevancia».
Valentín Santos concluyó su opinión expresando que en Miami, el 97% de los casos penales se acuerdan, mientras «en República Dominicana tenemos una cultura de pleitos, todo lo queremos pleitear y creemos que si no hay prisión no hay procesos».
De su lado, el abogado Plutarco Jáquez también favoreció que en el país se implementen los acuerdos judiciales, al tiempo de recordar que en Estados Unidos es una práctica con más de 200 años en vigencia.
“Aquí apenas esto se está poniendo en práctica con algunos casos de corrupción y yo espero que eso se haga en los casos menores, porque eso descongestiona el sistema penal en la República Dominicana”, puntualizó.
Se mostró optimista de que el actual 13% de los casos acordados sin ir a juicio de fondo, en los próximos tres o cuatro años se incremente de manera asombrosa.
Recordó que el propio Código Procesal Penal establece que deben propicien las condiciones para que en casos menores las partes se pongan de acuerdo con la finalidad de descongestionar los tribunales.
“Eso lo establece el código, que hay que aplicarlo, los criterios de oportunidad, el tema que tiene que ver con lo penal abreviado, todo ese tipo de cosas es para eso, lo que pasa es que los jueces no lo aplican”, concluyó.
La solución del Poder Judicial
La congestión que en la actualidad se observa en los tribunales y cárceles de República Dominicana, también es motivo de preocupación para el presidente del Concejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.
En ese sentido, el también presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ha sido enfático en señalar lo ventajoso que sería para la justicia dominicana propiciar que las personas implicadas en hechos legales concreticen más acuerdos penales.
Con ese propósito, el pasado mes de abril acudió a rendir cuentas ante el Congreso Nacional, donde alertó sobre la saturación que enfrentan los tribunales dominicanos y llamó a los legisladores a aprobar una serie de reformas legales que permitan agilizar el sistema judicial.
Noticia relacionada: Luis Henry Molina busca unidad para resolver situación de 16,000 presos sin juicio ni condena
Consciente de que la mayoría de los casos que se van a juicio de fondo pudieran resolverse mediante acuerdos, Molina ha informado que se ha conformado una mesa de coordinación entre el Ministerio Público y la Defensoría Pública, cuyo propósito principal es buscar soluciones alternativas entre los implicados.
El Poder Judicial ha expresado su preocupación y ha hecho sus sugerencias para buscar una solución inmediata al problema. La pelota queda en las manos de los demás entes del sistema, que ahnela desesperadamente tener sus tribunales despejados y los recintos penitenciarios descongestionados.
