RESUMEN
El debate sobre la posibilidad de que militares y policías en servicio activo ejerzan el derecho al voto reaparece periódicamente en el espacio público, envuelto en discursos de equidad y ciudadanía. Sin embargo, bajo esa narrativa de ampliación de derechos subyacen riesgos institucionales que podrían comprometer la estabilidad política y el equilibrio democrático del país.
Los defensores de esta iniciativa recurren a un argumento aparentemente irrefutable: son ciudadanos, por lo tanto deben votar. No obstante, la evidencia comparada en América Latina ofrece una advertencia clara. Allí donde se habilitó el sufragio para cuerpos armados en servicio activo, emergieron procesos de politización castrense, prácticas clientelares y, en situaciones extremas, derivas autoritarias. El Observatorio Político Dominicano (OPD–Funglode) señala que, en más de medio siglo, los países que adoptaron esta medida experimentaron episodios de intervención militar en la arena política o afectaciones a la calidad democrática.
La restricción vigente en la República Dominicana no constituye una negación de derechos, sino una garantía constitucional orientada a preservar la neutralidad militar. La Constitución establece que la suspensión del derecho al voto es temporal y se limita exclusivamente al período de servicio activo. Este enfoque no es excepcional: Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana conforman el grupo de Estados que aún mantienen esta salvaguarda institucional en la región.
La habilitación del voto militar no puede interpretarse como un ajuste administrativo o logístico. Requiere una reforma constitucional, la redefinición de los protocolos electorales y la creación de mecanismos que aseguren la neutralidad e imparcialidad de las Fuerzas Armadas. Asimismo, implicaría diseñar procedimientos especiales para garantizar el secreto del voto dentro de recintos castrenses, donde la jerarquía, la disciplina y la subordinación podrían generar presiones directas o indirectas. Estos desafíos se plantean en un contexto nacional donde la institucionalidad todavía evidencia vulnerabilidades frente al clientelismo político. Como advierte el sociólogo Cándido Mercedes: “El debate es saludable, pero cualquier cambio debe tener límites claros para preservar la neutralidad”.
Desde la teoría democrática, el derecho al voto no puede analizarse de manera fragmentada. Sufragar y ser elegible son dimensiones inseparables del ejercicio político pleno. La concesión del voto activo en cuerpos armados abre inevitablemente el debate sobre la participación pasiva: candidaturas de militares en funciones y eventual acceso a cargos de representación popular.
La Constitución dominicana se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la neutralidad militar y el presidencialismo civil. Alterar el régimen de participación política de los militares puede debilitar ambos. Ello abre la posibilidad de un presidencialismo híbrido, caracterizado por la intervención de instituciones castrenses en la competencia política y la acumulación de poder por parte del Ejecutivo en coordinación con estructuras militares.
Ejemplos comparados refuerzan esta hipótesis. En países donde se habilitó el voto militar, se observó progresivamente la presencia de oficiales activos o recién retirados en cargos políticos estratégicos, produciendo una colonización del espacio cívico por lógicas militares. En la República Dominicana, ya existe un incremento de militares ocupando funciones políticas —ministros, viceministros y directores generales— lo que evidencia una permeabilidad creciente entre la esfera civil y la castrense. La habilitación del voto no revertiría esta tendencia: la profundizaría y la dotaría de legitimidad electoral.
El voto militar, lejos de representar un derecho pendiente, puede convertirse en una palanca estructural que desplace al país hacia una forma de presidencialismo militarizado. Antes de abrir esa puerta, resulta imprescindible consolidar las instituciones civiles, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y blindar la autonomía del sistema electoral frente a cualquier influencia castrense.
Instalar urnas en los cuarteles puede parecer una extensión de derechos; sin embargo, en términos institucionales, puede constituir el punto de inflexión hacia una democracia tutelada. Cuando las armas ingresan al campo de la competencia electoral, la democracia deja de ser árbitro para convertirse en parte interesada.
Por Eddy Manuel Pérez