RESUMEN
En la mitología griega, el posadero Procusto tenía una obsesión retorcida con la uniformidad: invitaba a los viajeros a descansar en su cama de hierro y, si el huésped era muy alto, le cortaba los pies; si era pequeño, lo estiraba a martillazos hasta que encajara en la medida exacta de la cama.
Hoy a la espera de que se conozca la apelación de la medida de coerción del Caso Senasa, este martes 20 de enero, la justicia dominicana es señalada por adoptar este sádico método: en ocasiones mutila garantías para calmar a las masas o estira la ley para acomodar privilegios, fabricando una justicia a la medida del cliente o del clamor popular.
La teoría constitucional nos enseña que el Poder Judicial ejerce una función contramayoritaria. Los jueces no están para caerle bien al pueblo ni para dictar sentencias que ganen aplausos. Su mandato, emanado del artículo 149 de la Constitución, es administrar justicia con independencia, sujetos solo a la ley, no al índice de popularidad ni a la presión mediática.
Sin embargo, la sociedad se ha empoderado, rodeó el Palacio de Justicia con reclamos y amenazas, no por capricho, sino porque entendió una verdad dolorosa: nuestra justicia suele ser garantista solo para los de «cuello blanco».
La indignación tuvo un origen claro. Mientras la defensa de Santiago Hazim, acusado de desfalcar el dinero de la salud de los pobres, alegaba enfermedades graves ante la prensa para evitar la cárcel, en el Cibao un juez dictaba prisión preventiva a un hombre por robar un conejo y unos plátanos que ya habían sido recuperados.
Ante este burdo contraste, el pueblo exigió sangre, pero el sistema respondió con populismo judicial. El juez Rigoberto Sena, al parecer, presionado por la turba, dictó prisión preventiva fundamentándose en una retórica política aludiendo a una «traición a la confianza del presidente» en lugar de limitarse a evaluar estrictamente el peligro de fuga, como mandan los artículos 231 y 233 del Código Procesal Penal.
Al hacerlo, el magistrado actuó como un Procusto moderno: mutiló la técnica jurídica para que la decisión encajara en el molde que exigía la opinión pública. Desnaturalizó la medida de coerción, cuyo carácter es excepcional y “cuyo único fin” es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, según establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, convirtiéndola en una pena anticipada para congraciarse con la sociedad.
Para colmo de la ironía, el Ministerio Público, tras prometer implacabilidad, solicitó arresto domiciliario para tres imputados que «confesaron» haber pagado sobornos. Aquí vemos la otra cara de la cama de hierro: estirando la benevolencia de la ley para quienes tienen moneda de cambio, mientras se aplica el hierro cortante para los demás.
Entiendo el reclamo de una sociedad harta: si la justicia es una trampa mortal para el delincuente de a pie, que sea igual de implacable para el que roba millones. Pero cuidado. Si permitimos que el miedo a la indignación social dicte las sentencias, ya no tendremos jueces, sino verdugos populares. Necesitamos que la justicia abandone la cama de Procusto: que deje de estirar la ley para los privilegiados y de mutilar derechos para los desfavorecidos. Solo cuando la justicia tenga la misma medida para todos, el pueblo quizás dejará de gritar frente a los tribunales.
Por: Miguel Valdemar Díaz