RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA.- La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó hoy al juez que conocerá la denuncia contra dos diputados oficialistas acusados por corrupción relacionada con una reforma a la Ley de Presupuesto, informó una fuente judicial.
El magistrado Rafael Bustillo conocerá la primera etapa del proceso contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda, del gobernante Partido Nacional, dijo a periodistas el portavoz del poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva.
Los diputados, según el requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic), incurrieron en «falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno», ligados a una reforma a la Ley de Presupuesto en enero.
Villeda y Zambrano habrían realizado «conductas delictivas» para violentar la voluntad del pleno del Parlamento con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a cinco diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos y a otros que pudieran ser investigados, según la denuncia.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) indicó en un comunicado que propuso al Ministerio Público que el caso fuera remitido a la Ufecic para ser «investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes de que se trataría de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto».
El Supremo hondureño también designó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y a los magistrados Wilfredo Méndez y Edgardo Cáceres Castellanos para integrar la Corte de Apelaciones, añadió el portavoz judicial.
El caso, conocido como el «Pacto de impunidad», es investigado desde diciembre de 2017 y, según las investigaciones, pretendería proteger a parlamentarios implicados en presuntas prácticas de corrupción.
La Maccih señaló la semana pasada que el 18 de enero el Congreso Nacional de Honduras modificó por adición la Ley de Presupuesto, incluyendo disposiciones «distintas a las aprobadas» por el pleno de los diputados.
Eso produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieran manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas en el plazo de tres años.
Zambrano dijo en enero que lo que hubo fue una «fe de errata» en la publicación en el diario oficial La Gaceta sobre la reforma a la Ley de Presupuesto, y que no se ha pretendido favorecer a nadie.
