RESUMEN
El escándalo de SENASA reveló una crisis profunda en el sistema de seguridad social dominicano. No se trató únicamente de un fraude financiero, sino de la manifestación más visible de un aparato institucional debilitado por fallas de supervisión, controles insuficientes y la creciente cooptación de estructuras públicas por intereses particulares. El sistema, concebido para proteger a los más vulnerables, terminó exhibiendo su fragilidad estructural.
La Ley 87-01 creó un modelo de seguridad social cuyo propósito esencial era garantizar transparencia, sostenibilidad y eficiencia en la protección social. No obstante, las prácticas administrativas evidenciaron que las instituciones encargadas de velar por ese mandato operaban con debilidades significativas. SENASA, como aseguradora estatal, debía ser un referente de integridad y rigor institucional, pero el fraude evidenció que los mecanismos de supervisión no funcionaron adecuadamente durante años.
Las entidades supervisoras, como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, enfrentan limitaciones estructurales que dificultan una fiscalización efectiva. La falta de auditorías profundas, la ausencia de monitoreo sistemático y la insuficiente revisión de procesos administrativos crearon un ambiente propicio para que se instalara un esquema ilícito sin enfrentar resistencia institucional.
La corrupción que afectó a SENASA no habría prosperado sin la existencia de una cooptación institucional progresiva. La influencia de intereses externos, la discrecionalidad en los nombramientos y la falta de profesionalización del servicio público generaron vulnerabilidades graves. Cuando una institución estratégica no cuenta con personal especializado, estabilidad administrativa y protección frente a interferencias políticas, su capacidad para cumplir su misión se ve comprometida.
La crisis también evidenció fallas tecnológicas y prácticas desactualizadas en el manejo de información. Un sistema moderno de seguridad social requiere herramientas automatizadas de alerta, trazabilidad de datos y monitoreo en tiempo real. La ausencia de estos mecanismos permitió que los movimientos irregulares pasaran desapercibidos, dificultando la detección oportuna del fraude y su prevención.
El diseño del sistema no anticipó la sofisticación de las redes de corrupción que terminaron infiltrando a SENASA. Sin una arquitectura institucional fortalecida, los controles internos resultaron incapaces de actuar de forma temprana y efectiva. Esto provocó que miles de millones de pesos destinados a la salud fueran desviados sin que se activaran medidas correctivas oportunas.
Las repercusiones sociales de este debilitamiento institucional son profundas. La confianza ciudadana en el sistema de seguridad social quedó gravemente afectada, generando desafección, incertidumbre y la percepción de que las instituciones no cumplen con su misión esencial. Cuando los recursos destinados a proteger a la población son vulnerados, se rompe el pacto de confianza entre el Estado y la ciudadanía.
El Estado debe asumir esta crisis como una llamada urgente a la acción. No basta con identificar y sancionar a los responsables directos. Es necesario emprender reformas estructurales que fortalezcan la independencia técnica de las instituciones, mejoren sus sistemas de control y garanticen la profesionalización del recurso humano encargado de administrar la seguridad social.
La supervisión efectiva del sistema requiere autonomía real, recursos suficientes y herramientas modernas de fiscalización. Sin estos elementos, la República Dominicana seguirá expuesta a episodios similares, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de millones de ciudadanos que dependen del sistema público para subsistir.
El caso SENASA constituye una advertencia que el país no puede ignorar. Si se aspira a consolidar un sistema de seguridad social justo, transparente y funcional, es imprescindible blindar las instituciones frente a cualquier forma de captura y fortalecer los mecanismos que garantizan la integridad y transparencia del proceso. Solo así podrá restituirse la confianza ciudadana y asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Por José Manuel Jerez