RESUMEN
República Dominicana, un país donde la salud mental sigue siendo un tema estigmatizado y escasamente atendido por el sistema de salud pública, la necesidad de una ley integral de salud mental en el país se ha convertido en una urgencia impostergable. Aunque en los últimos años se han dado pasos importantes hacia la visibilización de los trastornos mentales, aún existe un vacío legal que impide garantizar una atención digna, accesible y oportuna para miles de ciudadanos.
En pleno siglo XXI, nuestro país carece de un marco normativo sólido que regule de manera específica la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades mentales. La ausencia de esta legislación ha derivado en una atención fragmentada, sin coordinación efectiva entre los distintos niveles del sistema de salud, y con una grave escasez de recursos humanos, infraestructura y financiamiento.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro dominicanos sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, la inversión del Estado no alcanza ni el 2% del presupuesto total destinado al sector salud, mientras que el número de psiquiatras, psicólogos clínicos y unidades especializadas es alarmantemente bajo, especialmente fuera del Gran Santo Domingo.
La sociedad dominicana, en los últimos años, ha comenzado a exigir con mayor fuerza una atención integral y digna a la salud mental, que se logre una aprobación e implementación de una ley, creación de centros especializados y comunitarios, educación y campañas de sensibilización, inclusión de la salud mental en las escuelas y atención gratuita o a bajo costo.
Una ley de salud mental debe contemplar los derechos fundamentales de los pacientes, incluyendo el acceso equitativo a servicios de calidad, la protección contra el maltrato, el respeto a su autonomía y la inclusión en la sociedad. Asimismo, debe promover políticas públicas de prevención desde las escuelas, el trabajo y las comunidades, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del sistema de atención. Sin una ley que la respalde, el país continuará ignorando una crisis silenciosa que afecta el bienestar de miles de dominicanos. El tiempo de actuar es ahora.
Por: Yeury Bidó – @yeurybido | yeuribid@gmail.com