RESUMEN
En pocas horas los dominicanos acudirán a las urnas para elegir las nuevas autoridades de los municipios (alcaldes y concejales) y distritos municipales (directores y vocales) o ratificar a los que fueron electos en el pasado proceso comicial. Los aspirantes reparten mensajes por medios lícitos e ilícitos; no importa la ley, no importan los reglamentos o normas, lo que importa es ocupar la posición a que se aspira, en la mayoría de los casos sin oferta electoral, o retener el cargo con una carpeta de realizaciones vacía; aunque es justo reconocer que hay ofertas serias ancladas en programas que responden a las necesidades y demandas de las comunidades, y escaparates que pueden exhibir gestiones que merecen el reconocimiento en las urnas.
Pero el compromiso de las próximas horas es sólo la mitad del programa electoral para este año, por lo que se torna inevitable que el proselitismo para lo municipal contenga mensajes de la agenda congresual y presidencial con ruta hacia mayo. Es un coctel que se sirve desde una visión integral de los partidos, que entienden, con sobrada lógica, que existen vínculos estrechos entre las tareas municipales, las responsabilidades legislativas y las acometidas del Ejecutivo encaminadas a la articulación y cohesión de la agenda pública, siempre respetando los ámbitos de acción de cada estamento estatal con atribuciones constitucionales específicas.
Esta mezcla natural e institucional conduce a la definición de estrategias electorales que respondan a esta realidad, y en ese tenor las formaciones políticas y sus estrategas, convencidos de ella, elaboran mensajes que asocian los resultados electorales del primer compromiso en las urnas, con lo que pudiera ocurrir en las congresuales; pero, sobre todo, en las presidenciales. Es una convicción nada peregrina que se expresa en dos mensajes contrapuestos.
El primero es el del Gobierno que ha recurrido hasta el hastío a la publicación de encuestas de escritorio para instalar en el imaginario del electorado una percepción de triunfo aplastante y premonitorio frente a la oposición: vaticinan una victoria “arrolladora” en febrero como antesala de lo que dicen tener para mayo; el segundo, opositor por supuesto, ubica su triunfo y vaticinio en un desempeño con resultados expresado en un crecimiento exponencial. Es el razonamiento de la Fuerza del Pueblo, que en la actualidad cuenta con sólo 3 alcaldes y se prepara para un resultado semejante al crecimiento de la organización que, en apenas tres años, ha logrado convertirse en el principal partido de oposición.
En medio de esta compleja dinámica proselitista, no sólo se ha recurrido desde el Gobierno a la elaboración de encuestas con fines propagandísticos para favorecer a los candidatos de su partido, sino que han puesto el Estado a disposición de sus propósitos electorales para lo cual han recurrido a la creación o modificación de leyes como la de la Dirección Nacional de Inteligencia que sustituiría al Departamento Nacional de Investigaciones, ambos DNI, que viola derechos fundamentales y puede usarse contra los adversarios políticos; han recurrido al obsceno presupuesto en publicidad para comprar comunicadores y las presiones para silenciar las voces disidentes; han recurrido a la criminalización de las protestas en las que los ciudadanos son ultrajados, apresados y hasta tiroteados por reclamar derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
Utilizan, además, los recursos de los planes sociales para comprar votos; asfixian a los partidos políticos al recortar y no entregar a tiempo la partida presupuestaria que les corresponde, mientras ellos disponen de los recursos de todas las instituciones públicas. Han creado, desde su visión totalitaria, todo un entramado político-electoral que patea el orden jurídico, democrático e institucional, establecidos.