En los sistemas democráticos contemporáneos, pocas expresiones resultan tan recurrentes —y a la vez tan problemáticas— como la frase “yo no sabía”. Utilizada por jefes de gobierno frente a escándalos de corrupción, irregularidades administrativas o fallas graves de control, dicha afirmación pretende funcionar como escudo político, pero en realidad revela una comprensión deficiente —o interesada— del ejercicio del poder en un Estado constitucional.
Desde la teoría clásica del Estado, el poder no se define solo por la capacidad de decidir, sino también por el deber de controlar. Max Weber ya advertía que toda dominación legítima implica responsabilidad, y esta no se agota en la autoría directa de los actos, sino que se extiende a la conducción, supervisión y corrección del aparato estatal. Gobernar es, ante todo, asumir las consecuencias del mando.
En un régimen presidencialista como el dominicano, la figura del presidente concentra no solo la jefatura del Estado y del Gobierno, sino también la dirección política general de la administración pública. Alegar desconocimiento sistemático frente a actos graves cometidos bajo su órbita equivale, en términos políticos, a admitir una renuncia tácita a la función de dirección que la Constitución le confiere.
Conviene subrayar una distinción fundamental: la responsabilidad política no es sinónimo de responsabilidad penal. Nadie exige que el presidente responda penalmente por cada acto irregular cometido por un funcionario subordinado. Lo que sí resulta exigible —y constitucionalmente ineludible— es la responsabilidad política por la falta de control, por la tolerancia prolongada o por la reacción tardía frente a hechos que lesionan el interés general.
La narrativa del “yo no sabía” suele apoyarse en una concepción minimalista del poder, como si gobernar consistiera únicamente en firmar decretos o pronunciar discursos. Sin embargo, en la lógica del Estado constitucional moderno, el poder es también vigilancia, prevención y corrección. Cuando el control falla de manera reiterada, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural.
Más aún, el uso reiterado de esta excusa erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La ciudadanía no espera omnisciencia, pero sí espera liderazgo, capacidad de reacción y voluntad de asumir costos políticos. Un presidente que nunca sabe nada termina pareciéndose peligrosamente a un presidente que no gobierna.
Desde una perspectiva comparada, las democracias maduras han entendido que el desconocimiento no exonera políticamente al gobernante. En Europa, la dimisión de ministros —e incluso de primeros ministros— ha sido una respuesta habitual ante fallas graves de supervisión, precisamente para preservar la credibilidad del sistema y no para admitir culpabilidad penal.
En definitiva, el verdadero dilema no es si el presidente sabía o no sabía. El dilema es si ejerció —o no— el poder con la diligencia, el control y la responsabilidad que la Constitución exige. Porque en política, a diferencia del proceso penal, la ignorancia no absuelve: compromete.
POR JOSÉ MANUEL JEREZ