RESUMEN
Serie: Seguridad alimentaria en tiempos de tensión geopolítica (1 de 3)
En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos geopolíticos rara vez permanecen confinados al territorio donde se originan. Sus efectos se transmiten rápidamente a los mercados internacionales y terminan impactando economías ubicadas a miles de kilómetros del epicentro. La reciente escalada de tensiones en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán, vuelve a recordarnos esta realidad. Más allá de sus implicaciones políticas o militares, estas crisis suelen generar reacciones inmediatas en los mercados energéticos globales, y el petróleo casi siempre es el primer indicador en reflejar esa incertidumbre.
En las últimas semanas, el precio del crudo ha reaccionado con fuerza. Hace apenas dos semanas, el barril de petróleo se cotizaba alrededor de 70 dólares en los mercados internacionales. Sin embargo, el aumento de las tensiones geopolíticas y el temor a que el conflicto afecte el flujo energético mundial, especialmente en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, ha empujado el precio nuevamente hacia niveles cercanos a los 100 dólares por barril. Esta volatilidad evidencia hasta qué punto la estabilidad económica global depende del equilibrio energético.

Para la República Dominicana, este aumento no es un simple dato de mercado, sino una variable con efectos directos sobre la economía nacional. El presupuesto del Estado para 2026 fue elaborado tomando como referencia un precio promedio del petróleo de 56 dólares por barril. Si se compara con niveles cercanos a los 100 dólares, la diferencia supera los 40 dólares por barril, una brecha suficiente para alterar significativamente los costos energéticos del país.}
El impacto se entiende mejor al observar nuestra estructura de importaciones energéticas.
Nuestro país importa más de 70 millones de barriles de petróleo y derivados cada año para sostener su actividad productiva, el transporte, la generación eléctrica y múltiples procesos industriales. En ese contexto, cada dólar adicional en el precio del barril incrementa la factura petrolera nacional entre 65 y 70 millones de dólares anuales.
Si aplicamos ese cálculo al escenario actual, un aumento cercano a 44 dólares por barril implicaría entre 2,800 y 3,000 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual.
Incluso si ese nivel de precios se mantuviera solo durante tres meses, el impacto rondaría entre 700 y 770 millones de dólares, cerca del 0.6 % del Producto Interno Bruto. Es una muestra clara de cómo un shock energético internacional puede trasladarse rápidamente a la economía doméstica.
Más allá del plano macroeconómico, el aumento del petróleo plantea desafíos directos para el sector agropecuario dominicano, uno de los pilares de la seguridad alimentaria nacional. La agricultura moderna depende intensamente de la energía. Combustible para la preparación de la tierra, maquinaria agrícola, sistemas de riego, transporte de insumos y movilización de la producción hacia los mercados. A esto se suma el consumo energético de la agroindustria, el almacenamiento, la refrigeración y la logística de distribución.
Cuando el precio del petróleo sube, los costos de producción agrícola también aumentan. Los productores enfrentan mayores gastos en combustible y transporte, mientras que las agroindustrias ven elevarse sus costos operativos. Con el tiempo, estas presiones terminan trasladándose a los precios finales de los alimentos. En otras palabras, lo que comienza como una tensión geopolítica en una región distante termina impactando la mesa de las familias dominicanas.
Frente a este escenario, el país debe continuar avanzando con fuerzas hacia una estrategia que fortalezca la resiliencia del sector agropecuario frente a los shocks energéticos internacionales.
Esto implica promover sistemas productivos más eficientes en el uso de energía, impulsar soluciones energéticas alternativas en el campo, como la energía solar aplicada a sistemas de riego, y profundizar la tecnificación de la producción agrícola para aumentar la productividad y reducir costos operativos. Al mismo tiempo, resulta necesario planificar financiamientos e incentivos programados que tomen en cuenta las épocas del año y los picos de consumo de los principales productos de la canasta básica. Una política agrícola moderna debe anticiparse a la demanda y facilitar el acceso al crédito en los momentos claves del ciclo productivo.
En paralelo, el país debe desarrollar una estrategia clara para reducir importaciones en aquellos productos que puede producir de manera competitiva. “Hoy el campo dominicano tiene la responsabilidad de abastecer tres mercados fundamentales: el mercado interno, la creciente demanda del sector turístico y el mercado del país con el que compartimos la isla”. Pensar la producción agrícola bajo esta lógica permitirá fortalecer la seguridad alimentaria, dinamizar la economía rural y consolidar el papel estratégico del campo en el desarrollo nacional.
La historia económica reciente ha dejado una lección clara. Los conflictos globales no solo se reflejan en los mercados financieros o en los precios del petróleo. También terminan impactando algo mucho más cercano y cotidiano: el precio de la comida.
Por eso, en un mundo cada vez más incierto, una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar una nación es fortalecer su campo. Porque un país con un sector agropecuario moderno, tecnificado, energéticamente eficiente y resiliente no solo produce alimentos. También protege su estabilidad económica y su soberanía alimentaria.
Por Eddy Montás
