RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930–1961), los apellidos no solo identificaban a los ciudadanos que representaban la moral, legitimidad y la pertenencia social.
En un régimen que controlaba tanto la vida pública como la privada, la familia fue elevada a categoría política, y el apellido se convirtió en un símbolo del orden y la moral que el dictador pretendía imponer.
Dentro del Ejército Nacional, el uso de los dos apellidos adquirió un significado particular. Los militares eran considerados los guardianes del ideal trujillista: obedientes, leales y moralmente ejemplares.
En ese contexto, portar un solo apellido podía interpretarse como una mancha en el honor o una señal de ilegitimidad, afectando la reputación y las posibilidades de ascenso dentro de la institución castrense.
Una ley para moralizar la identidad
El 17 de julio de 1944, en plena consolidación del poder trujillista, fue promulgada la Ley No. 659 sobre los Actos del Estado Civil, publicada en la Gaceta Oficial No. 6060. Dicha disposición establecía que toda persona debía llevar los dos apellidos —paterno y materno— en ese orden. El artículo 46 lo expresaba con claridad:
“Los hijos llevarán el primer apellido del padre y el primero de la madre.”
Aunque parecía una medida técnica, su aplicación respondía a la visión moralista y autoritaria del régimen. Según el historiador Emilio Cordero Michel (1998), en Trujillo: génesis de una dictadura, el trujillato no solo buscó controlar la política y la economía, sino también moldear al individuo a través de la moral, la disciplina y el orden familiar.
La promulgación de esta ley coincidió con el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), un periodo de tensiones globales que Trujillo aprovechó para fortalecer su aparato de control interno. De acuerdo con el sociólogo Federico Pérez Cabral (2004), en El Estado y la identidad en la dictadura trujillista, la regulación del nombre y los apellidos formó parte de un proceso de “nacionalización moral”, mediante el cual la identidad individual debía ajustarse a los valores del régimen.
El apellido como símbolo militar y social
El investigador Bernardo Vega (2007), en El Ejército Dominicano en la Era de Trujillo, documenta testimonios que revelan cómo los soldados con un solo apellido eran objeto de burla o marginación, y rara vez accedían a cargos de confianza. Para el régimen, tener un “apellido completo” equivalía a pertenecer a una familia legítima, y esa legitimidad se traducía en fidelidad al Estado.
El escritor y expresidente Juan Bosch (1961), en Trujillo: causas de una dictadura sin ejemplo, explica que el dictador se asumió como “padre de la nación”, instaurando una relación paternalista entre el poder y la sociedad. En esa lógica, los apellidos representaban una extensión del control patriarcal: el orden familiar debía reflejar el orden del Estado.
De esta manera, la ley que regulaba los nombres sirvió también como una herramienta de clasificación social. Quien poseía los dos apellidos era visto como un ciudadano íntegro; quien no, debía cargar con el estigma moral de la ilegitimidad.
De la norma al legado histórico
Con la promulgación de la Ley No. 4-23, el 11 de enero de 2023, el Congreso Nacional derogó la antigua Ley 659 y adaptó el registro civil a los tiempos modernos. La nueva normativa permite modificar el orden de los apellidos o usar uno solo mediante autorización judicial, en conformidad con la Constitución de la República Dominicana (2015), que garantiza el derecho a la identidad y la igualdad ante la ley.
Sin embargo, el análisis histórico de la Ley 659 revela cómo una disposición civil se transformó en un instrumento ideológico. Según Cordero Michel, durante la dictadura “el Estado penetró hasta los aspectos más íntimos de la vida cotidiana”, definiendo incluso la manera en que las personas debían llamarse y presentarse.
Memoria e identidad
Revisar este episodio de la historia dominicana permite comprender que el uso obligatorio de los dos apellidos fue mucho más que un requisito legal: fue una manifestación de poder simbólico.
En el Ejército Nacional, los apellidos representaban disciplina, linaje y legitimidad; en la sociedad civil, obediencia y moralidad. Como explica Pérez Cabral (2004), el apellido funcionó como un marcador social que distinguía a los “aptos” para servir al régimen.
A más de seis décadas del fin de la dictadura, el peso del apellido continúa siendo un reflejo de cómo el poder puede moldear la identidad y la memoria de un pueblo.
