RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- Un caso de corrupción por la compra de material antidisturbios con sobreprecio provocó que este miércoles algunos parlamentarios del gobernante Movimiento al socialismo (MAS) plantearan la investigación a exministros del anterior Gobierno interino y acompañarán la investigación con una indagación propia.
«Que la Justicia no se centre en los exministros sino en los que colaboraron activamente en la interrupción del periodo democrático» aseguró este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en una comparecencia ante los medios en La Paz.
El legislador recordó que la compra del material antidisturbios se hizo mediante un decreto supremo de diciembre de 2019, cuando Bolivia salía de la crisis social tras los comicios fallidos de ese año y que -de acuerdo al MAS- se trató de un «golpe de Estado».
Por ello, Mamani consideró que varios exministros tienen responsabilidad por autorizar el decreto que dio pie al caso que salió a luz hace unos días en Estados Unidos.
Mamani, incluso cuestionó a ex aliados de la expresidenta transitoria Jeanine Añez -como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho-, que a su juicio tuvo su «cuota de poder» en aquel Gobierno y que no es real que él se mantuvo al margen de esa Administración transitoria, por lo que tiene responsabilidades.
En la misma línea, la parlamentaria del MAS Magaly Gómez consideró que esos hechos se deben «indagar a través del órgano judicial» y que para ello una comisión del Legislativo acompañará el proceso.
Sin embargo, la legisladora fue más allá al mencionar que son al menos tres los decretos que se han aprobado con fines de adquirir «en el extranjero» el «material bélico» e insinuó la responsabilidad de los exministros que los autorizaron.
Ante esto, el jefe de bancada de la opositora Creemos, Edwin Bazán, consideró que las investigaciones que impulsa el MAS tienen «intencionalidad política» de «destruir a los opositores» y con un aparato judicial que a su juicio responde al Gobierno.
La pasada semana se supo del arresto en Estados Unidos del exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo y del que fue su jefe de Gabinete, Jorge Méndez, bajo acusaciones de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero.
Y junto a ellos, a dos estadounidenses y un otro exfuncionario boliviano que también son señalados por el pago de sobornos a favor del Gobierno interino boliviano entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
El Gobierno boliviano explicó que la gestión de Añez pagó 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa proveedora se cancelaron solo 3,3 millones, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
La audiencia de Murillo en Estados Unidos será el 7 de junio mientras que los cargos que enfrenta tienen una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que en Bolivia la Fiscalía del país ha iniciado gestiones para la extradición del exalto funcionario.
