RESUMEN
La historia suele escribirse con matices de blanco y negro, pero la ocupación norteamericana de 1916 en la República Dominicana nos obliga a mirar los grises.
Resulta una paradoja histórica que un régimen impuesto por la fuerza de las bayonetas fuera el catalizador de lo que hoy llamaríamos una auténtica «revolución educativa».
¿Cómo es posible que una bota militar lograra alfabetizar con más eficacia que las décadas de «libertad» precedentes?
Al llegar el Almirante Harry S. Knapp, el panorama era desolador: un 90% de analfabetismo y apenas una presencia testimonial de escuelas en las zonas rurales.
El sistema no estaba roto; simplemente no existía para la mayoría.
La intervención, con su pragmatismo administrativo y su visión de control a largo plazo, entendió que no se puede gobernar un país sumido en la ignorancia absoluta si se pretende modernizar su estructura económica.
El rigor de la orden ejecutiva 145
La promulgación de la Orden Ejecutiva 145 en 1918 no fue solo un decreto legal, fue un «big bang» institucional.
Por primera vez, el país contó con un Código de Educación orgánico que unificaba criterios, desde la instrucción obligatoria hasta la enseñanza universitaria.
Lo que las facciones políticas dominicanas no habían logrado en años de caudillismo, la fuerza militar lo impuso por decreto: la educación pasó de ser un privilegio urbano a un mandato nacional.
De 30 a cientos: El despertar rural
Las cifras son irrebatibles y nos obligan a una reflexión profunda sobre la gestión pública.
En 1916, el campo dominicano era un desierto educativo con apenas 30 escuelas.
Para 1920, la matrícula saltó de unos escasos 18,000 estudiantes a 50,000.
Este crecimiento fue tan explosivo que generó su propio desafío: la falta de maestros.
Ver a estudiantes de niveles superiores enseñando a los más pequeños por un salario de 4 pesos mensuales no fue un signo de precariedad, sino de una sociedad que, por fin, tenía prisa por aprender.
Un legado de doble filo
Es innegable que detrás de este impulso educativo latía una intención de «americanización» y un control social estricto.
Sin embargo, no podemos ignorar que los cimientos de nuestra legislación escolar actual —muchas de las leyes, reglamentos y resoluciones que hoy rigen nuestras aulas— nacieron de ese orden militar que priorizó la eficiencia sobre el discurso.
La lección que nos deja este periodo es provocadora: la educación requiere, más que buenas intenciones, una estructura administrativa férrea y una voluntad política inquebrantable.
La fuerza militar en la tarea educativa de 1916 demostró que, cuando la educación se organiza con rigor casi marcial, los resultados estadísticos no tardan en aparecer.
Hoy, en plena democracia, en pleno Siglo XXI el reto sigue siendo el mismo: mantener esa urgencia por el saber, pero esta vez, bajo el amparo de nuestra propia soberanía y no por mandato de un almirante extranjero.
Para hacer crecer los parámetros de la educación dominicana, hay que implementar un modelo que sea diametralmente rígido; que enderece los entierros existentes y se tenga una visión clara de hacia dónde nos dirigimos en la formación de nuestros estudiantes.
La intervención de 1916 llegó para enseñarnos, y aun así seguimos en pañales.
Por Manuel Antonio Vega