RESUMEN
El caso Senasa ha revelado una de las transgresiones más graves que puede cometerse en un Estado constitucional: la afectación directa del derecho fundamental a la salud de la población. No se trata únicamente de un fraude económico ni de un episodio aislado de corrupción administrativa; se trata de una vulneración estructural a un derecho garantizado expresamente por el artículo 61 de la Constitución dominicana. Cuando los recursos destinados a garantizar ese derecho son desviados, apropiados o utilizados ilícitamente, el daño no es simbólico, es concreto y profundamente humano.
El derecho fundamental a la salud tiene una doble dimensión: una individual, que protege la vida e integridad física de cada ciudadano, y otra colectiva, que obliga al Estado a organizar un sistema sanitario eficaz, universal y accesible. El fraude cometido en Senasa impacta ambas dimensiones. Por un lado, priva a miles de dominicanos —especialmente a los más pobres— de medicamentos esenciales, diagnósticos oportunos, tratamientos y servicios médicos indispensables. Por otro lado, debilita la estructura institucional encargada de garantizar la continuidad y calidad del servicio público de salud.
El contenido del derecho a la salud no se reduce a la existencia de políticas públicas. Implica que dichas políticas se implementen con efectividad y que los recursos asignados se administren con probidad, transparencia y racionalidad. La corrupción destruye estas condiciones y convierte al Estado en un agente incumplidor de sus propias obligaciones constitucionales. Ningún Gobierno puede alegar ignorancia o falta de intención para desplazar esta responsabilidad: la obligación es objetiva y permanente.
El principio de progresividad —fundamental en materia de derechos sociales— exige que el Estado amplíe y nunca reduzca las condiciones que permiten el goce efectivo del derecho a la salud. El fraude en Senasa representa exactamente lo contrario: un retroceso institucional que compromete la capacidad del sistema para atender a la población. Este deterioro contraviene estándares internacionales, incluidos los establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconocen la salud como un derecho indispensable para el ejercicio de la dignidad humana.
La corrupción en un sistema de salud pública no constituye un simple fallo administrativo; es una forma de violencia institucional. Quien roba fondos destinados a la salud comete un acto que tiene consecuencias directas sobre vidas humanas. Cada consulta no realizada, cada medicamento no entregado y cada tratamiento interrumpido tiene un costo humano incalculable. La afectación no es teórica: es una agresión real contra los sectores más vulnerables del país.
El impacto del fraude no puede medirse únicamente en términos contables. Sus efectos alcanzan la confianza ciudadana, la legitimidad del sistema de seguridad social y la credibilidad institucional del Estado. La población observa con indignación cómo una institución creada para proteger a los más indefensos se convirtió en plataforma para enriquecimiento ilícito, sin controles efectivos ni supervisión adecuada por parte del Gobierno.
La respuesta tardía del Gobierno agrava aún más la situación. La ausencia inicial de acciones contundentes, seguida de explicaciones que buscan minimizar responsabilidades, proyecta una imagen preocupante: parecería que la protección de la salud pública no ocupa el lugar prioritario que la Constitución exige. La lucha contra la corrupción en el sector salud no puede ser reactiva, ni depender de la presión mediática, sino que debe descansar en mecanismos preventivos y sistemas de control robustos.
El país necesita un rediseño profundo de los sistemas de supervisión, auditoría y fiscalización de los recursos destinados al derecho a la salud. No basta con sancionar a los responsables directos del fraude; es imprescindible corregir las fallas estructurales que permitieron su existencia. Mientras no se transforme el modelo organizacional que durante años facilitó prácticas opacas y discrecionales, el riesgo de que un episodio similar vuelva a repetirse seguirá latente.
El caso Senasa debe convertirse en un punto de inflexión en la manera en que el país concibe, garantiza y protege el derecho fundamental a la salud. La ciudadanía tiene el derecho constitucional de exigir respuestas claras, responsabilidades institucionales y reformas profundas que aseguren que nunca más los recursos destinados a preservar la vida de la población sean utilizados con fines ilícitos.
La República Dominicana no puede normalizar actos de corrupción en sectores tan sensibles como el sanitario. Este caso obliga a una renovación ética, a un fortalecimiento de la institucionalidad y a un compromiso real del liderazgo político para garantizar que el derecho a la salud sea efectivamente protegido. Solo así podrá reconstruirse la confianza pública y restablecer el sentido de justicia que la sociedad dominicana demanda.
Por José Manuel Jerez