RESUMEN
El pasado 14 de noviembre, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el Colegio Da Vinci organizó una excursión en la que más de 80 niños participaron en un paseo de un día, acompañados por tres profesores como monitores o supervisores, hacia la Hacienda Los Caballos, en Gurabo. Este lugar, lujoso y frecuentado por visitantes para actividades de recreación, contaba con una piscina donde varios niños estuvieron bañándose.
Sin embargo, este caso ha estremecido a toda la ciudadanía, pues la menor de edad Stephora Anne falleció por ahogamiento durante la excursión. Tras ocurrir el hecho, se contactó a la madre para informarle que algo había sucedido con su hija durante el paseo escolar. Al llegar a la hacienda, según ha declarado la madre, se le negó la entrada debido a la presencia de la Policía Nacional y otras autoridades. Horas después, recibió la noticia más devastadora que un ser humano puede recibir: la muerte de su hija.
Desde el inicio, este caso ha estado rodeado de lagunas, preguntas y confusiones. La madre, en lugar de recibir apoyo moral y colaboración de los organismos responsables de la investigación y el colegio, afirma haber recibido rechazo y desconsideración. Por parte del Colegio Da Vinci, se han mostrado renuentes a ofrecer informaciones concretas, testimonios claros, explicaciones y posibles videos que pudieran esclarecer lo ocurrido al momento del fallecimiento. Estas aclaraciones son vitales para poder reconstruir la cronología de hechos del presente caso.
Además, el Ministerio Público de Santiago inicialmente le negó a la madre de la víctima la posibilidad de presentar una denuncia formal tras lo sucedido, acción inexplicable por parte del órgano persecutor.
Esta madre no solo enfrenta la pérdida irreparable de su hija, sino también la angustia de no obtener respuestas claras sobre qué ocurrió durante la excursión en la que la menor falleció por ahogamiento.
Semanas después, y ya el caso siendo de conocimiento público, la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho a la madre de Stephora, ordenando a los magistrados Wilson Camacho y Olga Dina asumir personalmente la investigación del caso.
Este lamentable hecho ha generado profunda consternación en la sociedad. Algunas versiones que circulan públicamente sugieren la posibilidad de que la muerte de la menor, de origen haitiano, pudiera haber sido provocada por un compañero de clases movido por sentimientos de rechazo o discriminación. No obstante, a casi un mes del suceso, la falta de información oficial ha dado paso a especulaciones y conclusiones que aún no han sido confirmadas. Preguntas como: ¿quiénes estaban con ella al momento del ahogamiento?, ¿fue empujada?, ¿fue sumergida intencionalmente?, ¿dónde están los videos?, ¿A quién se pretende proteger en este caso? Todas estas interrogantes deben ser respondidas, y es justo y necesario que sean esclarecidas.
Tanto el colegio, la hacienda, los supervisores o los padres de algún menor implicado, por la ocurrencia de los hechos son posibles civilmente responsables y otros también penalmente, en lo cual deben enfrentar todo el peso de la ley.
Este caso enluta a toda la ciudadanía, tanto por la forma en que se desarrollaron los hechos como por la pérdida de una niña con toda una vida por delante durante una actividad escolar que debía ser motivo de alegría, no de tragedia.
Debe servir, además, como ejemplo para colegios privados y escuelas públicas que realizan excursiones sin tomar las previsiones necesarias. En un lugar con piscina, debió considerarse que los niños que no supieran nadar no podían entrar al agua; debieron proveerse chalecos salvavidas suficientes y contar con el personal adecuado para una supervisión efectiva, evitando así tragedias como esta.
Hoy tenemos a una madre devastada por lo ocurrido; a un colegio cuya credibilidad ha quedado profundamente comprometida; y a una sociedad que debe reflexionar para evitar el resentimiento y el odio hacia cualquier ser humano, sin importar su origen o condición.
Esperemos que a esta madre no se le extinga también la única esperanza que le queda: obtener justicia y que se imponga la máxima sanción legal.
Por Paul J. Maldonado B.