EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras más de 14 años de lucha, Manuel José de la Rosa Romero obtuvo justicia, pues la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo condenó al Estado dominicano al pago de RD$2 millones a su favor y ordenó al exfiscal William de Jesús Viloria Santos pagar RD$250,000 adicionales por concepto de daños y perjuicios.
La sentencia, emitida el pasado 3 de octubre de 2025, marca un precedente histórico al responsabilizar de forma directa a un funcionario judicial por su actuación irregular durante el proceso penal que afectó a De la Rosa Romero, quien fue apresado en 2011 bajo acusaciones de fraude sin sustento probatorio.
En el programa El Informe con Alicia Ortega, De la Rosa Romero narró todo lo relacionado con el caso, informando que la detención ocurrió el 18 de julio de 2011, cuando acudió a retirar fondos de su pensión en una sucursal bancaria.
Al salir del lugar, fue interceptado por hombres armados que lo acusaron de haber recibido una transferencia de US$50,000, supuestamente producto de un fax falsificado.
Aunque nunca se realizó una pericia caligráfica que validara la teoría de fraude del Ministerio Público, el entonces fiscal Viloria Santos gestionó su arresto.
De la Rosa fue recluido durante siete meses en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y denunció haber sido torturado para que se declarara culpable.
El 2 de julio de 2012, la jueza Leidy Alcántara Manzueta dictó auto de no ha lugar, al establecer que no existían pruebas que vincularan al imputado con el supuesto fraude.
Tras obtener su libertad, sus abogados Cristián Antigua y Ángel Castro presentaron en 2013 un recurso en busca de indemnización, que inicialmente fue rechazado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia acogió el caso en casación, abriendo paso a la decisión final del Tribunal Superior Administrativo.
Con la sentencia en firme, los abogados de la víctima procederán a iniciar los trámites para la ejecución del pago. Hasta el momento, el exfiscal Viloria Santos no ha ofrecido declaraciones sobre el fallo, limitándose a decir que “no desea hablar del tema”.
Mientras tanto, Manuel José de la Rosa Romero continúa enfrentando las secuelas de aquel proceso injusto: asegura que le ha sido imposible conseguir un empleo estable y que todavía carga con antecedentes que le han impedido obtener una visa.
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