RESUMEN
El escándalo de SENASA no solo reveló fallas estructurales en la administración pública y en el sistema de seguridad social; también generó un profundo impacto político que ha marcado la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para proteger el interés público. El costo político del caso va más allá de la indignación temporal: ha desencadenado una erosión sostenida de la confianza ciudadana en las instituciones y en la conducción gubernamental.
La gestión tardía y reactiva del Gobierno ante el fraude contribuyó significativamente al deterioro de su credibilidad. En un contexto donde la transparencia es un elemento indispensable para la legitimidad democrática, la percepción de que el Gobierno actuó únicamente después de que el escándalo se hizo público fortaleció la idea de que las medidas adoptadas buscaban más preservar la imagen oficial que corregir el daño institucional.
La confianza ciudadana es un recurso político esencial, sin el cual la gobernabilidad se debilita.
Cuando los ciudadanos observan que sus derechos fundamentales —como el acceso a la salud— pueden ser vulnerados por actos de corrupción sin una respuesta inmediata y contundente del Estado, se genera un sentimiento de abandono que impacta directamente la legitimidad del poder público.
El caso SENASA también ha puesto de manifiesto la debilidad del discurso gubernamental en materia de lucha contra la corrupción. La contradicción entre la retórica oficial y la realidad institucional afectó la credibilidad de los mensajes emitidos por el Gobierno, alimentando la percepción de que el compromiso con la transparencia es circunstancial y no una política de Estado.
Uno de los efectos políticos más significativos es la fractura del vínculo emocional entre la población y las instituciones. La corrupción, cuando afecta áreas tan sensibles como la salud pública, provoca una pérdida de confianza mucho más profunda que en otros ámbitos. La población no solo percibe el abuso de poder, sino también una traición a su necesidad más básica: la protección frente a riesgos que no puede afrontar por sí sola.
Este deterioro de confianza tiene consecuencias directas en el funcionamiento del Estado. La ciudadanía se vuelve más escéptica, la participación cívica disminuye, y los procesos de reforma encuentran mayor resistencia debido a la desilusión acumulada. El descrédito institucional debilita el pacto social y dificulta la capacidad del Estado para implementar políticas públicas con legitimidad.
El costo político también se manifiesta en el ámbito electoral. Los escándalos de corrupción afectan la valoración de la gestión gubernamental y pueden incidir en el apoyo ciudadano durante los procesos electorales. La población interpreta la corrupción como un indicador del tipo de liderazgo que se ejerce y, en consecuencia, como un parámetro para evaluar la continuidad o alternancia del poder.
La erosión de la confianza no es un fenómeno espontáneo; es el resultado acumulado de silencios, omisiones y respuestas tardías. En el caso SENASA, el impacto político se agravó por la falta de explicaciones claras, por la narrativa difusa sobre las responsabilidades institucionales y por la insuficiencia de medidas correctivas inmediatas.
Recuperar la confianza ciudadana exige más que declaraciones públicas o cambios superficiales. El país necesita reformas profundas que garanticen transparencia, controles efectivos y una lucha real contra la corrupción. Solo a través de un compromiso firme con la integridad y la responsabilidad institucional será posible reconstruir el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.
El caso SENASA debe entenderse como un punto de inflexión político. El costo pagado por la erosión de la confianza ciudadana es demasiado alto para ser ignorado. La República Dominicana necesita un modelo de gobernanza que coloque la ética pública en el centro de la acción estatal y que demuestre, con hechos y no con discursos, que los recursos destinados al bienestar del pueblo son sagrados e intocables.
Por José Manuel Jerez