La profunda crisis política, económica y de gobernabilidad que vive Haití, no ha sido óbice para que esta nación siga siendo el segundo socio comercial más importante para la República Dominicana, únicamente superado por los Estados Unidos. Relación comercial que constituye uno de los capítulos más significativos, complejos y contradictorios de la realidad económica del Caribe insular. Haití no produce actualmente ni siquiera los alimentos necesarios para su consumo interno y, por tanto, importa masivamente desde el lado dominicano. Esto se explica no sólo por la cercanía geográfica, sino por una dependencia estructural. Este fenómeno ha convertido a la frontera terrestre en una arteria comercial de vital importancia, pero también en un espacio de enorme informalidad, debilidad institucional y riesgo geopolítico.
Las exportaciones formales dominicanas hacia Haití en 2023, alcanzaron los 873.1 millones de dólares. A pesar de la inestabilidad institucional del vecino país, para el año 2024, ese volumen creció a 896.1 millones, y entre enero y abril de 2025 ya se registraban 453.9 millones, proyectando un nuevo récord. Pero detrás de esa cifra celebrada como éxito está el contrapeso estructural, el comercio informal, ese que se produce al margen de la ley, sin fiscalización, trazabilidad, ni pago de tributos y que al día de hoy representa entre el 60 y el 70 % del comercio formal, lo que equivale a más de 600 millones de dólares anuales adicionales. Al sumar ambos flujos, el total del intercambio binacional supera con holgura los 1,600 millones de dólares, aunque sólo una fracción pase por los filtros institucionales. Ya que la diferencia se produce por concepto de comercio informal, del que se realiza al margen de los controles aduaneros y que corresponde a exportaciones dominicanas, consolidando una balanza comercial marcadamente asimétrica.
Gran parte del comercio no se documenta adecuadamente, se evade el pago de derechos arancelarios y proliferan prácticas de contrabando, tanto de productos ordinarios como de mercancías prohibidas. En este contexto, se ha denunciado con insistencia la entrada y salida de bienes, incluidos materiales de construcción, productos agroindustriales, medicamentos, combustibles y, en algunos casos, sustancias ilícitas o armas, cuya circulación transfronteriza debería ser imposible en un Estado funcional.
Los datos que publican las agencias nacionales supuestamente formales, muestran crecimiento, sin embargo, los verdaderos riesgos no se miden en divisas, sino en descontrol. Si bien es cierto que las exportaciones crecen, no es menos ciertos que lo que más crece y de forma acelerada, es el tráfico ilícito, cuando se habla hasta de armas de guerra, municiones y artículos de alto poder destructivo que se despachan desde territorio dominicano con destino al caos haitiano.
En marzo de este año, la Dirección General de Aduanas, anunció por los medios de comunicación que confiscó en el puerto de Haina más de 36,000 cartuchos, cargadores de fusil, silenciadores y pistolas procedentes de Miami, con destino a Haití. Y aunque el hecho fue comunicado como un “golpe al contrabando”, lo cierto es que no se le ha aclarado al país si aún la maquinaria detrás de ese envío sigue intacta. Esto muestra que la zona fronteriza, en vez de ser una plataforma de desarrollo y legalidad compartida, opera como un circuito paralelo que drena recursos fiscales, erosiona la autoridad del Estado y fortalece prácticas ilegales que afectan la seguridad nacional.
Hemos escuchado a comerciantes formales decir que se ven desplazados por estructuras informales protegidas por actores que no responden a ningún esquema institucional. La percepción creciente entre la población es que la frontera funciona como un “Estado dentro del Estado”, donde la ley cede ante la costumbre, y el interés público es sustituido por beneficios privados.
En este escenario, resulta particularmente grave la ausencia institucional registrada en la reciente apertura de la Mesa de Migración y Comercio Binacional convocada por el Consejo Económico y Social, con la participación de tres expresidentes de la República. El primer día de esta importante mesa de diálogo, que debía articular la política pública sobre un tema de máxima prioridad, no contó con la presencia oficial de representantes del Poder Ejecutivo. Esta omisión fue denunciada por el delegado de Fuerza del Pueblo en dicha mesa y refrendada por la Secretaría de Comercio Exterior y Logística de ese partido. No se trató de una diferencia de agenda o de una casualidad administrativa, si no de una ausencia que reveló desinterés, falta de coordinación interinstitucional o, peor aún, desconexión entre el discurso oficial y la acción del Estado.
Frente a esta denuncia pública, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, evitó referirse directamente a la ausencia gubernamental en la primera sesión de la mesa del CES. Al día siguiente, se presentó una delegación oficial compuesta por representantes de Defensa, Migración, Industria y otros órganos. El Gobierno declaró que esta acción “evidencia el compromiso del presidente Abinader con este espacio plural y democrático”. Posteriormente, el mandatario convocó a una reunión con el expresidente Medina y no se anunció lo tratado.
La frontera dominico-haitiana no puede seguir siendo un espacio regido por la improvisación, el vacío institucional y la permisividad. Es urgente asumirla como una prioridad de Estado con una política pública integral que incluya la formalización del comercio, el desarrollo de infraestructura binacional, la protección de los exportadores nacionales, el combate sistemático al contrabando y la coordinación efectiva con los organismos internacionales de cooperación. Se necesita una aduana tecnificada, personal capacitado y rotado periódicamente, mecanismos de trazabilidad digital, supervisión cruzada y sanción efectiva a las prácticas ilegales. Pero, sobre todo, se necesita voluntad política y transparencia. La República Dominicana no puede cargar con Haití, pero tampoco puede ignorarlo. La frontera no desaparecerá por decreto ni por verja; necesita políticas públicas sostenidas, supervisión internacional y compromiso político. El comercio binacional debe ser rescatado del desorden actual y puesto al servicio del desarrollo nacional. Para eso, se necesita más que soldados; se necesita Estado.
Por: José Peña Santana.