RESUMEN
El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo, anunciado por la embajada de Estados Unidos, ha sido presentado como una medida interna frente a presunta corrupción en su propio personal. El canciller dominicano se apresuró a aclarar que ningún funcionario ni empleado dominicano está implicado. Pero esa explicación, aunque diplomáticamente conveniente, deja más preguntas que respuestas.
La DEA operaba dentro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), compartiendo espacio físico y coordinación operativa. ¿Cómo es posible que la corrupción se haya manifestado en un lado del escritorio y no en el otro? ¿Se trata de un caso aislado de agentes estadounidenses que actuaban sin contacto alguno con sus pares dominicanos? ¿O estamos frente a una narrativa cuidadosamente diseñada para blindar la imagen del gobierno dominicano y evitar un escándalo binacional? La versión oficial parece más un acto de contención política que una explicación convincente.
El cierre revela tres realidades incómodas. Primero, la dependencia estructural: la DNCD ha funcionado durante años bajo la sombra de agencias extranjeras, y la salida de la DEA expone la fragilidad de esa dependencia. Segundo, la transparencia selectiva: al excluir a los dominicanos de la investigación, se protege la relación bilateral, pero se deja al país sin respuestas claras. Y tercero, la oportunidad perdida: el gobierno dominicano debió anunciar una auditoría propia para despejar dudas y demostrar que la institucionalidad nacional no es simple espectadora de decisiones externas.
Aceptar sin cuestionamientos la versión estadounidense es cómodo, pero peligroso. La República Dominicana necesita demostrar que su lucha contra el narcotráfico no depende de la voluntad de Washington, sino de la capacidad soberana del Estado para investigar, sancionar y transparentar. El gobierno está llamado a auditar la DNCD y sus vínculos operativos con la DEA, fortalecer sus propios mecanismos de control y convertir esta crisis en un punto de inflexión para la institucionalidad nacional.
La corrupción denunciada por la embajada estadounidense como “una violación repugnante de la confianza pública” no distingue nacionalidades. Pretender que se detiene en la frontera del escritorio compartido entre la DEA y la DNCD es una ingenuidad que la ciudadanía no debe aceptar. El cierre de la DEA no es solo un problema de Estados Unidos: es un espejo que obliga a la República Dominicana a mirarse de frente. La pregunta no es si hay dominicanos implicados, sino si el Estado dominicano está dispuesto a investigarse a sí mismo y demostrar que la soberanía no se negocia, ni se delega, ni se oculta tras comunicados diplomáticos.
Por José Alberto Blanco