EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La corrupción es una acción que transgrede las normas legales y los principios éticos, con devastadoras consecuencias económicas, políticas y sociales para las sociedades que padecen ese flagelo, entre las que se cuenta la República Dominicana.
Según un informe de Transparencia Internacional del año pasado, el país ocupó el puesto 135 entre 183 naciones más corruptas y uno de los siete de América Latina que figuran en la lista.
Y pese a los esfuerzos que asegura el Gobierno dominicano realiza para combatir la corrupción administrativa, gubernamental y política, la ciudadanía parece no percatarse de ello, ya que de acuerdo a la encuesta Gallup-Hoy de octubre de 2017, el 89 % de la población encuestada calificó como alarmante los niveles de la corrupción existentes en el país.
En ese contexto, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César De la Rosa, manifestó que los efectos de esta descomposición afectan considerablemente la sociedad dominicana, ya que cuando se incurre en esta práctica se abandona la esencia para la cual fueron destinados los recursos económicos del Estado como resultado de la recaudación de impuestos.
“La corrupción es un fenómeno social que consiste en hacer uso indebido de los recursos del Estado por parte de funcionarios que tienen la responsabilidad de administrarlos para lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos”, enfatizó De la Rosa.
Consideró que en el país el Poder Legislativo y el Poder Judicial “de cierta manera” son dependientes del Poder Ejecutivo, debido a que este último es quien les asigna los recursos, lo que pudiera influir en las decisiones de estos.
Sin embargo, negó que en el país exista una crisis institucional, “lo que sí hay es debilidad institucional”.
Al tiempo de asegurar que cada uno de los Poderes del Estado, ha hecho esfuerzos para disminuir los efectos de la corrupción, pero que no han sido suficientes.
“Tenemos leyes que establecen mecanismos de control. Hay que destacar que hemos dado pasos en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información, que antes era imposible que se diera una información solicitada por un particular, organización o medio de comunicación”, resaltó De la Rosa, mediante una entrevista telefónica a El Nuevo Diario.
Sonados casos de corrupción
En los últimos años República Dominicana ha estado envuelta en escándalos que han develado extorsión, sobornos, falsificación de documentos y estafas, que en algunos casos han dejado suicidios y macabros asesinatos.
Entre los casos que aún están en proceso y que en muchos se desconocen los avances de las investigaciones, están la OMSA, OISOE, INAPA, CORDE, Tucanos y Odebrecht.
¿Cómo van las pesquisas del caso Odebrecht en RD?
El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que ha “salpicado” a varios estados de Latinoaméricana y África, incluyendo este país, por el pago de sobornos a sus funcionarios, está siendo cuestionado.
En República Dominicana, el 10 de abril de este año, el procurador General, Jean Alain Rodríguez, reveló que tiene en su poder parte de la documentación solicitada a autoridades extranjeras, dentro del marco de cooperación judicial internacional, para concluir el procedimiento preparatorio, y que está a espera de más, ya que los actos ilícitos que se les atribuyen a los 14 acusados de aceptar sobornos por 92 millones de dólares por parte de Odebrecht fueron confeccionados en el seno multinacional.
El pasado domingo 06 de mayo la Procuraduría General indicó, mediante una nota de prensa, que ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos.
Señaló que en el avance de las indagatorias han surgido nombres de empresas y personas que pudieran estar vinculadas al caso.
La prórroga fue solicitada por el Procurador al juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el 22 de enero de este año tras concluir el plazo de ocho meses que otorga la ley para finiquitar la investigación, contando a partir del conocimiento de la medida de coerción y declaratoria de caso complejo, que venció el pasado 7 de febrero.
Además, el Procurador había dicho al juez especial que también estaba a la espera de cooperación de instituciones locales, entre ellas, la Cámara de Comercio y Producción, Impuestos Internos, Tesorería de la Seguridad Social; las superintendencias de Bancos y de Valores, así como las cámaras legislativas, pero hasta el momento no se ha obtenido información sobre estas colaboraciones.
Incidencia de la Marcha Verde
El movimiento social denominado “Marcha Verde”, que se efectúa en todo el territorio nacional, ha sido uno de los procesos de combate contra la corrupción más significativo que ha tenido el país en los últimos años, según Josefina Arvelo, socióloga y catedrática universitaria.
Arvelo, quien fue coordinadora general de Participación Ciudadana (PC), señaló que este movimiento constituye una forma de “despertar” de la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el país y de que cada persona tiene la responsabilidad de asumir un rol activo en esta lucha e involucrarse en la demanda de que se aplique lo que establece la ley en materia de corrupción.
“La Marcha Verde ha venido a crear conciencia en la ciudadanía de lo que implica la corrupción, de las consecuencias de que el dinero del Estado sea desviado hacia intereses muy particulares que están contribuyendo a mantener la pobreza y la mala calidad de los servicios básicos”, resaltó la socióloga Arvelo.
Asimismo, para el director de ADOCCO, esta expresión ciudadana ha venido a “jugar un importante rol”, ya que a su juicio se desprende de una gran parte de la población que está disconforme con la situación actual que vive el país, la impunidad y la falta de respuestas ante hechos ilícitos.
¿Cuál es el costo de la corrupción?
Expertos consultados por El Nuevo Diario manifestaron que los efectos de la corrupción son devastadores para cualquier sociedad, ya que afirman no permite que el dinero del Estado sea distribuido como lo establecen las leyes y la Constitución.
La corrupción en República Dominicana tiene un costo anual estimado en unos RD$26,000 millones o el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, según un estudio de la organización internacional Oxfam, cuyos resultados fueron dados a conocer el 19 de octubre de 2017.
El referido informe, bajo el título “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, de la autoría de Rosa Cañete y Rafael Jovine, indicó en aquel entonces que dicho volumen es 3.5 veces superior a lo dedicado este año en el Presupuesto General del Estado a educación inicial y más de dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable.
Efectos psicológicos de la corrupción
La corrupción no sólo nulifica el desarrollo económico y social de una sociedad sino que también afectan al comportamiento psicológico de los individuos.
Así lo manifestó la psiquiatra Ann Margaret Benjamín, quien aseguró que los efectos de este fenómeno implican en el individuo dolor, debido a que sienten que sus derechos son violentados de forma insensible.
“Lleva consigo la exclusión e injusticia social, el rencor y el resentimiento. La desesperanza colectiva, fatalismo, depresión, autodestrucción masiva y baja autoestima”, resaltó la doctora Benjamín.
Citó que incide en la anomia, que según dijo, es descrita por el sociólogo francés Émile Durkheim como “el momento en que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio”.
