RESUMEN
WASHINGTON.– El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva medida migratoria que exigirá el pago de una fianza de hasta 15,000 dólares a solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) provenientes de 12 países, entre ellos Nicaragua.
La disposición, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, entrará en vigor el próximo 2 de abril y forma parte de una estrategia para reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense.
Lista de países afectados por la nueva fianza migratoria
Además de Nicaragua, la medida alcanza a ciudadanos de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papua, Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Con esta ampliación, ya son 50 los países cuyos ciudadanos podrían estar sujetos a este requisito económico al solicitar visas de corta duración hacia Estados Unidos, especialmente aquellos con altas tasas de sobreestadía.
¿Cómo funcionará el depósito de 15,000 dólares?
Según explicó el Departamento de Estado, la fianza será reembolsada a los viajeros que cumplan estrictamente con las condiciones de su visa y abandonen el país antes de su vencimiento.
En caso contrario, el dinero será utilizado por las autoridades estadounidenses para cubrir los costos del proceso de deportación, que en promedio superan los 18,000 dólares por persona.
Objetivo: frenar la migración irregular
El Gobierno estadounidense sostiene que este sistema ha demostrado ser eficaz. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 97 % de los beneficiarios del programa piloto regresaron a sus países dentro del plazo establecido.
La iniciativa busca reducir significativamente los casos de permanencia ilegal, uno de los principales retos del sistema migratorio estadounidense.
Parte de una política migratoria más estricta
Esta decisión se enmarca en una serie de políticas migratorias más rigurosas implementadas por la administración Trump, que incluyen restricciones de visas, controles más severos y limitaciones al asilo.
Las autoridades argumentan que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y reducir la carga económica para los contribuyentes, mientras que críticos advierten que podrían dificultar el acceso legal a Estados Unidos para miles de personas.
