EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Acción Empresarial para la Educación (EDUCA) propuso este jueves una revisión del actual Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio para garantizar que los educadores dominicanos, una vez cumplida su edad de retiro, tengan asegurados su justa jubilación.
Aseveró que dada la estructura rígida del presupuesto del Ministerio de Educación, y el muy improbable incremento respecto al Producto Interno Bruto del presupuesto administrado por el MINERD, -que representa la cuarta parte del gasto público total- aún en un contexto optimista, asegura, se hace insostenible el financiamiento el referido programa, con las características actuales.
“Lo dice EDUCA con total responsabilidad, el fondo no es financieramente sostenible en el mediano y largo plazo. Es decir, los flujos netos de las contribuciones de los docentes activos no cubren los flujos netos de los docentes en retiro”, enfatizó el empresario Samuel Conde, presidente de EDUCA.
Conde propuso la circulación del estudio Evaluación del programa de pensiones y jubilaciones del magisterio.
La iniciativa, que cuenta con el cofinanciamiento del Fondo para las Investigaciones Económicas y Sociales del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y de la AFP Popular, tiene como objetivo evaluar la sostenibilidad del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio.
Así como sus implicaciones sobre el presupuesto del MINERD en el mediano y largo plazo, partiendo del contexto de reformas al sistema educativo dominicano que se vienen implementando desde 2012, y que han supuesto importantes cambios en el gasto de personal del MINERD.
De acuerdo a lo expuesto por Conde, lo anterior se debe fundamentalmente a que la tasa de reemplazo promedio de los jubilados en la República Dominicana, está muy por encima de las tendencias de la región o de la que exhiben el promedio de los países de la OECD.
Agrego que “…una vez más, responsablemente, EDUCA advierte esta vulnerabilidad del fondo, que si bien no afecta las cuentas del ministerio en el futuro inmediato, si genera una situación de enorme fragilidad que conduce a la necesidad de acciones inmediatas, para asegurar jubilaciones dignas a los docentes que hoy están o ingresan al sistema y que merecerán un retiro justo, luego de dedicar una vida entera al servicio de la educación de los niños y niñas dominicanos”.
“Las causales jubilatorias actuales deben ser revisadas a la luz de los cambios tecnológicos, las mejoras en la calidad de vida, la mayor expectativa de vida, y las mejoras sustantivas de las condiciones laborales que han recibido los docentes en los últimos tiempos”, destacó el empresario y promotor educativo.
En su opinión, “…habrá que revisar, tal vez para los docentes que aún no han ingresado al sistema, modificar los coeficientes asociados a las causales jubilaciones para que no sea el último salario, que suele ser el más alto en todo el periodo de aportación, el dato base para determinar el monto de la jubilación”.
Plantea recomendaciones
Al enunciar las recomendaciones formuladas fruto del estudio realizado, el presidente de EDUCA dijo que habrá que revisar también las inversiones que actualmente realiza el fondo. Estas deberán retornar a los parámetros fijados por le ley y buscar ser óptimas, no para el beneficio del estado Dominicano, sino para la garantía de mejores jubilaciones futuras para los educadores.
Declaró que el informe sugiere igualmente que se actúe ahora frente a esa problemática, señalando que “afortunadamente, EDUCA y las organizaciones que se han involucrado en este estudio, advierten con la suficiente antelación los riesgos y las vulnerabilidades que tiene el sistema actual y una reforma bien diseñada, consensuada con la participación de todos los actores, entre estos evidentemente los sindicatos de los educadores, para transitar sin los conflictos que suelen estar asociados a reformas de este tipo cuando se aplican con la urgente necesidad de corregir las cuentas en periodos cortos de tiempo.
Consideró imprescindible que se impulse un proceso de reformas en esta dirección, lo que a su juicio constituye “una obligación técnica, pero también moral para todos aquellos que trabajamos en procura de una mejor calidad de la educación para todos los niños, niñas y adolescentes del país”.
A la vez de añadir “en suma actuar ahora en defensa de los intereses del magisterio y del profesorado de la República Dominicana. Garantizar sus prestaciones, sus contribuciones, es un signo de reconocimiento y honor a la profesión más relevante que tiene el país para la construcción de su futuro”.
