RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Clara González explicó ayer que el empresario del sector transporte y turístico José Luis Asilis enfrenta acusaciones de lavado de activos, debido a que la ley 155-17 le dio el carácter penal a la evasión fiscal, basado en el delito precedente que contempla la referida normativa.
González también explicó que se trata de una acusación de lavado de activos porque supone que los recursos que pertenecen al fisco están siendo distraídos para otros fines, en franca violación a lo dispuesto por el Código Tributario, poniendo en desventaja a aquellos empresarios que sí cumplen, y en desmedro de los ingresos del Estado, necesarios para el equilibrio de las finanzas públicas.
En su comentario, sostuvo que la DGII requirió en 2015 al empresario Asilis por una deuda de cerca de 170 millones de pesos, habiéndole confiscado una flotilla de autobuses, pero se llegó a un acuerdo de pagos con la administración tributaria, que al parecer no cumplió, por lo que la DGII procedió como establece la ley, sometiendo al representante del grupo Metro ante la Justicia.
Estos comentarios fueron realizados en Econométrica, espacio que ella misma conduce en la plataforma digital “El Nuevo Diario TV”.
https://www.youtube.com/watch?v=UAk4a87i4l4
“El director general de Impuestos Internos se la ha jugado, se ha puesto los pantalones, y supongo que se ha ganado algunos enemigos porque hemos visto que en más de una ocasión han cerrado negocios, se han puesto multas y ahora vemos que, aun esté en arresto domiciliario, han requerido en la Justicia al señor Asilis, enviando un mensaje claro que hay que estar en armonía con la ley cumpliendo con ella», aseguró.
Asimismo, afirmó que es hora de que en nuestro país las cosas empiecen a cambiar. Según ella, estas medidas son lamentables pero envían una señal a todos los contribuyentes y la sociedad en su conjunto.
Además, agregó que la calidad del gasto y la inversión social es otro tema, pues «mientras usted cumpla con la ley, tendrá mayor autoridad para solicitarle al Gobierno que con los impuestos que usted paga, se resuelvan las demandas sociales de la población».
