RESUMEN
Desde el 16 de agosto de 2020 hasta el cierre de 2025, la política económica dominicana ha seguido una orientación consistente: estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y crecimiento como principal carta de presentación.
Esta línea ha sido cuestionada por la oposición, de manera particular por la Fuerza del Pueblo, no por oponerse al crecimiento en sí, sino por una crítica más incómoda: el crecimiento no se ha traducido en mejores condiciones de vida para la mayoría. El Presupuesto General del Estado 2026, lejos de abrir un giro, ratifica esa misma orientación.
La discusión, por tanto, no es ideológica ni teórica. Es concreta. El presupuesto expresa con claridad las prioridades de una política económica y permite inferir sus efectos. Cuando se observa su estructura, lo que emerge es la continuidad de un modelo que protege la estabilidad macroeconómica mientras desplaza el ajuste hacia los hogares.
Esa transferencia silenciosa es la que permite anticipar cómo llegarán las condiciones de salud de la población al final de 2026.
En los territorios, la economía ratificada en el presupuesto se vive como ingreso real erosionado por la inflación, transporte cada vez más costoso, alimentos básicos menos accesibles y servicios públicos que no crecen al ritmo de la demanda social. La vida cotidiana se organiza en clave de resistencia.
En ese contexto, la salud deja de ser una decisión individual y pasa a estar condicionada por la precariedad material y el agotamiento acumulado.
Este impacto no se distribuye de manera homogénea. La clase social define quién absorbe el costo del modelo: los sectores populares y trabajadores informales enfrentan mayor exposición al daño y menor protección; las clases medias sostienen su acceso recurriendo al endeudamiento y al gasto directo; los sectores de mayores ingresos amortiguan el impacto.
El género profundiza esta desigualdad, pues cuando los servicios públicos se debilitan el cuidado se privatiza en el hogar y recae, casi siempre, sobre las mujeres. La etnia y el territorio completan el cuadro: migrantes, bateyes y periferias urbanas concentran riesgos sanitarios previsibles.
Estas condiciones de vida se expresan en problemas de salud ya conocidos y persistentes. Las enfermedades crónicas no transmisibles continúan en aumento, con dificultades crecientes para la continuidad del tratamiento. La interrupción terapéutica por razones económicas empuja complicaciones evitables.
En paralelo, la demanda de atención en salud mental por ansiedad, depresión y consumo problemático crece, mientras la oferta pública especializada sigue siendo limitada, fragmentada y territorialmente concentrada.
La violencia completa este escenario. El país mantiene niveles relevantes de muertes y lesiones por violencia que continúan presionando los servicios de emergencia. A ello se suma la violencia intrafamiliar, muchas veces invisibilizada, que produce daño acumulado y consultas tardías. No se trata de hechos aislados, sino de expresiones sociales de exclusión prolongada, inseguridad material y desgaste cotidiano.
El sistema público de salud enfrenta este cuadro con un problema estructural: el desfinanciamiento crónico. El presupuesto no acompaña ni el crecimiento poblacional ni la complejidad de los problemas que emergen de estas condiciones de vida. La infraestructura se deteriora, el personal se sobrecarga y pierde capacidad de respuesta.
El Primer Nivel de Atención, llamado a prevenir, acompañar y ordenar el cuidado en el territorio, sigue siendo el eslabón más débil, con baja resolutividad y escasa capacidad para anticiparse al daño. Sin su fortalecimiento, la enfermedad siempre llega tarde y con mayor costo social.
La seguridad social, lejos de compensar estas debilidades, introduce fricciones adicionales. Trámites, glosas, negaciones y copagos convierten la protección en una carrera de obstáculos. La corrupción, denunciada reiteradamente desde la oposición, no aparece como una anomalía aislada, sino como parte de un engranaje que prioriza el equilibrio financiero por encima de la necesidad sanitaria.
El sector privado, presionado por la inflación y los costos tecnológicos, eleva precios y profundiza la segmentación del acceso.
Así, al final de 2026, la pregunta decisiva no será si la economía creció, todo indica que sí, sino si ese crecimiento creó las condiciones materiales necesarias para reducir el daño evitable y sostener la vida de la mayoría.
Lo que hoy se perfila es otra cosa: un modelo que se confirma, un presupuesto que lo ratifica y una población que asume, con su cuerpo y su salud, los costos de una política económica que decide no corregir sus efectos sociales.