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Duterte promete la pena máxima para los asesinos de un empresario surcoreano

Por El Nuevo Diario Jueves 26 de Enero, 2017

EL NUEVO DIARIO, MANILA.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, prometió hoy la pena máxima para los asesinos de un empresario surcoreano que murió cuando se encontraba detenido en el cuartel general de la Policía Nacional, en Quezon, Metro Manila.

Las autoridades han arrestado a dos policías como presuntos autores del crimen y que se cree forman parte de un grupo de al menos ocho personas que planearon extorsionar dinero a la víctima amparados en la campaña contra las drogas del presidente Duterte.

"Les puedo garantizar que ya conocemos a los responsables, irán a prisión y yo me encargaré de que reciban la máxima condena", dijo Duterte en el discurso que pronunció durante la inauguración de una central térmica construida por la empresa surcoreana Daelim en Sarangani, ciudad situada en la sureña isla de Mindanao.

Aunque la Constitución de Filipinas prohíbe la pena de muerte, permite al Legislativo establecerla en determinadas circunstancias, por lo que se aplicó en el país desde 1999 hasta 2006, cuando la entonces presidenta Gloria Macapagal-Arroyo aprobó una moratoria que sigue vigente.

"Policías, hijos de puta, no os vais a librar de esta. Vais a sufrir (…) Quizá envíe vuestras cabezas a Corea del Sur", añadió el jefe de Estado en uno de sus habituales arrebatos, según los medio locales.

El mandatario pidió perdón a los inversores surcoreanos presentes en el acto por la muerte de su compatriota, el empresario Jee Ick-joo.

El 18 de octubre pasado, dos individuos se llevaron al emprendedor y su asistenta del domicilio del primero radicado en la ciudad de Angeles, situada a unos 100 kilómetros al norte de Manila, en una supuesta operación antidroga.

Ambos fueron llevados a Campo Crame, el cuartel general de la Policía Nacional, y, mientras que la asistenta recuperó la libertad, el surcoreano falleció estrangulado ese mismo día, según la investigación.

La viuda, Choi Kyung-jin, ha declarado que días después alguien que se presentó como secuestrador y le exigió ocho millones de pesos (unos 160.000 dólares) por liberar a su esposo.

Los secuestradores volvieron a contactar el 30 de octubre para exigir otros cinco millones de pesos (unos 100.000 dólares).

El Senado filipino comenzó hoy una investigación para esclarecer la muerte del empresario.

El caso ha generado una gran polémica al delatar el clima de impunidad en el que la Policía acomete la campaña antidroga del presidente Duterte y amenaza con deteriorar las relaciones con Corea del Sur, un país que proporciona amplias inversiones y un flujo constante de turistas a Filipinas.

Duterte cumplió una promesa electoral el mismo día de su investidura, el 30 de junio, y lanzó una campaña nacional contra las drogas que ha causado más de 7.000 muertos, de los que 2.527 corresponden a operaciones policiales y el resto a grupos civiles que se toman la justicia por su mano.