RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La política de deportaciones implementada en República Dominicana llevó a que Estados Unidos manifieste en varios comunicados su rechazo a la medida y llevó al gobierno norteamericano a impedir el acceso de azúcar de Central Romana a su territorio, una medida que fue catalogada por los diputados como «un chantaje», por lo que recomendaron al Poder Ejecutivo extender su cartera de socios comerciales en el mundo.
Hasta la fecha, las exportaciones de azúcar de Central Romana hacia Estados Unidos representaban cerca del 60% de las negociaciones, pero con la nueva medida norteamericana estas cifras se verían afectadas.
En ese sentido, el diputado por el Partido Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresó que la República Dominicana debe ampliar sus horizontes de negocios hacia China, Asia, Europa y Sudamérica para «no depender únicamente de los Estados Unidos» que aplica «abusos y chantajes» para presionar al gobierno.
El legislador sostuvo que República Dominicana «debe convertirse» en una potencia para todo el Caribe y, de esta forma, no tener como única opción de comercialización a los Estados Unidos que, a su parecer, es «una potencia en declive.»
La misma sugerencia externó el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, quien señaló que el Poder Ejecutivo «debe buscar horizontes nuevos» en materia de negocios bilaterales, por lo que consideró que el Estado deberá usar «inteligencia y métodos diplomáticos» para resolver las diferencias con Estados Unidos.
Bueno manifestó que las relaciones bilaterales entre ambos países no deben degradarse por las declaraciones de Robert Thomas, quien es el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país y recomendó que el funcionario norteamericano sea declarado persona no grata en territorio nacional.
De su lado, el diputado Tulio Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), instó al Gobierno a «buscar otros mercados» porque «cuando Estados Unidos vea que estamos negociando con China y otros países, van a quitar su presión» y agregó que la medida en contra de la azucarera «no afectará en nada porque obedece a un chantaje».
La última medida económica implementada por Estados Unidos a la Central Romana llevó a que otros diputados calificaran como «una intromisión» la acción del gobierno que preside Joe Biden por considerar que las políticas migratorias son soberanas en cada país.
En ese orden, la diputada Fior Peguero llamó al presidente Luis Abinader «a no echarse para atrás» con las deportaciones, «ni ceder a los chantajes» de Estados Unidos y recordó que las políticas laborales ya son reguladas por un Código de Trabajo que es el que debe imponer sanciones en caso de que exista trabajo forzoso en los campos de caña, como asegura Estados Unidos.
Las declaraciones sobre abusos a los haitianos en los trabajos de caña fueron catalogadas por el diputado Ramón Ceballos como «un irrespeto a la soberanía» ya que, a su juicio, las acusaciones de Estados Unidos «se ofrecen justamente» cuando República refuerza sus leyes migratorias con las deportaciones a indocumentados extranjeros.
«A Estados Unidos se le ha visto el refajo porque atreverse a impedir acceso de productos a su país es una falta de respeto», destacó el diputado Ceballos al asegurar que la medida no va directamente contra Central Romana, sino contra la política de migración del país.
Para el diputado Rafael Castillo, dirigente de la Fuerza del Pueblo, las denuncias de trabajo forzoso conllevan un «proceso profundo de investigación» para determinar la veracidad de los señalamientos, pero sostuvo que las medidas se corresponden a una «injerencia» de los Estados Unidos en los lineamientos migratorios del país.
«Lo que no vamos a aceptar nunca es que quieran trazar políticas para decidir lo que debemos hacer como dominicanos», subrayó el legislador.
Desde hace meses la República Dominicana ha robustecido las deportaciones de indocumentados haitianos para proteger la frontera Dominicana y las zonas aledañas de bandas que han dominado el vecino país, según declaraciones de Abinader y funcionarios migratorios.
Estas acciones han traído el rechazo de los Estados Unidos, quien ha recomendado que República Dominicana se convierta en una zona de protección de refugiados haitianos ya que en Haití «no existen condiciones políticas ni sociales» para convivir.
Sin embargo, la firmeza del país en sus estrategias migratorias ha contribuido a que Estados Unidos tome medidas económicas impidiendo la entrada del azúcar que se produce en el territorio nacional y emitiendo comunicados donde llaman «racistas» a los dominicanos.
