RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Diputados oficialistas y de la oposición criticaron este jueves el accionar del Ministerio Público con relación a la denominada Operación Camaleón en la que allanaron y apresaron al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y del presidente de Transcore Latam, José Ángel Gómez.
Los legisladores destacaron la labor del órgano persecutor sobre las investigaciones que realizan respecto al caso del apagón en la red semafórica, pero no están de acuerdo con la forma en la que allanada la residencia y posterior apresamiento de Beras.
Asimismo, consideraron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe realizar los interrogatorios y pesquisas dé lugar antes de encarcelar para que se eviten los atropellos y shows mediáticos en este caso.
El parlamentario Ramón Bueno, manifestó que, aunque a las autoridades se le debe dejar hacer su trabajo y que aquellos que cometen errores en el manejo de fondos públicos debe responder por sus acciones, hay procedimientos que no pueden ser violentados.
El diputado de La Romana, Eugenio Cedeño, expresó que las autoridades primero deben hacer las investigaciones pertinentes antes de proceder a arrestar a las personas y esa forma se pueden evitar los shows mediáticos que dañan la imagen y afectan la integridad familiar.
Cedeño definió a Hugo Beras, “hasta este momento como una persona decente, honesta, él debió ser tratado con la decencia que se ha comportado”.
Mientras, el diputado y vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, señaló que el Ministerio Público en este caso como en otros violó todos los procedimientos, agregando que esto se ha convertido en una costumbre.
En esa misma línea se pronunció el senador de Monte Plata, Pedro Tineo, quien subrayó que está de acuerdo con que se investiguen los hechos que se les imputan, pero sin hacer “aparatajes”.
Los allanamientos a las residencias de Hugo Beras y Jochy Gómez, se ejecutaron este pasado miércoles en horas de la noche.
Ambos ex funcionarios son acusados junto a otras cinco personas de corrupción, sabotaje y terrorismo.
