RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La comisión especial designada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para estudiar las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sigue consultando expertos constitucionales antes de rendir informe al hemiciclo.
En una reunión privada, la comisión consultó al abogado Olivo Rodríguez Huertas, quien expuso su parecer al respecto.
El especialista en materia constitucional coincidió con el jurista Cristóbal Rodríguez, cuando afirmó que lo que procede es que la Cámara de Diputados publique dicha ley, ya que fue observada fuera del plazo.
Rodríguez Huertas detalló a la comisión especial que preside Máximo Castro Silverio y a sus miembros, que la Carta Sustantiva es muy directa cuando establece en sus artículos 201 y 202 que el Poder Ejecutivo tiene cinco días de plazo para observar o promulgar una ley que sea aprobada de emergencia en las cámaras legislativas.
“Mientras no haya un pronunciamiento interpretativo del Tribunal Constitucional, el Legislativo tiene que respetar la literalidad de la Constitución. Aquí lo que impera es el mandato de la Constitución”, expresó.
Recalcó que la Cámara de Diputados, desde donde fue remitida la ley, puede publicarla en un medio de circulación nacional y en la Gaceta Oficial, porque la observación se produjo de manera extemporánea.
De igual forma, dijo que debe haber un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, rechazando las observaciones del Poder Ejecutivo, ya que se produjeron fuera de plazo.
Se recuerda que la Cámara de Diputados remitió la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos al Poder Ejecutivo el día 29 de julio de 2020; este la devolvió el 7 de agosto siguiente, cuatro días después del plazo que le otorga la Constitución de la República.
La ley en cuestión establece en uno de sus considerandos que es deber del Estado la preservación y protección del medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones para garantizar los derechos individuales y colectivos de uso y goce sostenible de los recursos naturales, así como el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza.
