EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En su sesión de este miércoles, los diputados aprobaron en primera lectura un proyecto de ley que busca establecer la facturación electrónica de manera obligatoria en el país para todas las personas físicas y jurídicas.
Según el proyecto elaborado y enviado por el Poder Ejecutivo, se penalizará con sanciones a quienes intenten «hackear» el sistema tributario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para regular las facturaciones electrónicas.
Asimismo, dada la obligatoriedad del tema, se establecerá un plazo durante todo el 2023 para loa grandes contribuyentes y todo el 2024 para los pequeños contribuyentes y que así puedan adaptarse a la facturación electrónica.
El proyecto abarca a todos los contribuyentes físicos y jurídicos, tanto públicos como privados, así como a entes que lleven a cabo transferencias de bienes, entregas en uso, petición y locación de servicios a título oneroso o gratuito.
Según el proyecto aprobado en el Senado, la DGII validará las facturas y documentos tributarios electrónicos para que así sirvan como sustento de los gastos y créditos fiscales.
Para esto, los contribuyentes tendrán un facturador gratuito que emitirá comprobantes fiscales electrónicos bajo un reglamento que hará el Poder Ejecutivo 60 días después de aprobada la ley en el Congreso.
Las personas que violen algunas disposiciones de esta ley estarán apresados por 1 a 5 años y con multas que van hasta cuatro veces el valor de la factura emitida de manera fraudulenta.
Mientras que el «hackeo» llevará hasta 10 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos.
Antes de ser autorizada, la iniciativa ya había contado con varios tropiezos en el hemiciclo tras ser rechazada por algunos diputados, por lo que se acordó que tras su aprobación en primera lectura, sea enviada nuevamente a una comisión para una revisión más exhaustiva.
En ese sentido, se espera que para la próxima sesión ordinaria sea aprobada en segunda lectura con todos los cambios acordados entre las distintas bancadas políticas de la Cámara de Diputados.
