EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los más de RD$2 mil millones adicionales que entregó el Gobierno a la Junta Central Electoral (JCE) fueron considerados por los diputados como un acto que «pone en peligro» la institucionalidad nacional porque, como explicaron, el dinero debió ser gestionado y conocido por el Congreso Nacional.
Los diputados Tobías Crespo y Juan Dionicio Restituyo calificaron como «un retroceso» para la institucionalidad nacional que el Gobierno haya otorgado los millonarios recursos a la JCE ya que, a su juicio, quien dirige el Estado podría ser candidato presidencial en los comicios del 2024.
«La forma en que se hizo es peligrosa porque la Junta no tiene que estar rindiéndose a los pies del Ejecutivo porque es una institución autónoma», dijo Crespo al puntualizar que la JCE regulará unas elecciones donde una de las partes que participará fue la que le entregó recursos adicionales.
En ese sentido, el legislador por la Fuerza del Pueblo dijo que «lo más elegante» sería que el dinero que la Junta exigía fuera entregado por el Congreso Nacional durante las discusiones del Presupuesto del Estado para el 2023.
Asimismo, el legislador explicó que los recursos no fueron entregados a la JCE ya que el Gobierno «sólo hizo un avance» financiero de lo que le adeudaba a la institución y lo hizo de manera discrecional y administrativa.
Con la opinión de Crespo coincidió el diputado Restituyo, del Partido Frente Amplio, al cuestionar que quien posiblemente dirige el Gobierno pudiera ser candidato a la presidencia y fue la misma persona que entregó los recursos a la JCE, refiriéndose así al presidente Luis Abinader.
«Esas son de las cosas en las que tenemos que avanzar en materia de institucionalidad», acotó Restituyo al puntualizar que es el Congreso Nacional el que debe aumentar o reducir las partidas de las instituciones públicas.
El opositor expresó que el Congreso Nacional tiene a tres instituciones bajo su sombra: la JCE, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, por lo que instó a las tres entidades a dirigirse al Poder Legislativo en caso de presentar fallas o sugerir mejoras.
De su lado, la diputada Soraya Suárez, representante de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que está a favor de la entrega de los recursos, pero añadió que el Congreso Nacional debe ejercer si rol fiscalizador con la JCE para comprobar que verdaderamente los fondos sean utilizados en los proyectos y elecciones estipuladas.
La diputada Suárez, al igual que los opositores, también respaldó que los miembros titulares de la JCE debieron acudir al Congreso Nacional a solicitar las partidas financieras luego de dar explicaciones a los legisladores sobre el destino del dinero.
«Hay organismos que quieren hacer la función del Congreso, pero deben permitir que el Poder Legislativo haga su trabajo para que después no surjan críticas de que aquí no hacemos las labores», proclamó.
Sobre el mismo aspecto, los diputados Amado Díaz, Anibal Díaz y Radhamés Camacho respaldaron el aumento millonario en los fondos para la JCE alegando que la acción del Poder Ejecutivo busca fortalecer la democracia en el país y regular unas elecciones transparentes.
Los recursos adicionales que entregó al Gobierno a la JCE se dan tras los constantes pedimentos de Román Jáquez Liranzo, presidente del órgano, quien ha reclamado en varias ocasiones más fondos para la institución que dirige por entender que los procesos de elecciones primarias, municipales, congresuales y presidenciales necesitan de millonarios fondos para su ejecución.
En el presupuesto estatal para el 2023, el Gobierno dispuso que la JCE maneje más de RD$8,000 millones, pero sumando la nueva partida de RD$2,000 millones totalizarían más de 10 mil millones de pesos para el año en curso.
