RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. — La diputada Yudelka Ivelisse de la Rosa, quien tenía un hijo con condiciones especiales en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), reveló este viernes que se enteró por la prensa de que Elizabeth Silverio estaba acusada de falsificar títulos profesionales para ejercer la medicina.
La legisladora fue presentada este viernes como testigo del Ministerio Público en el juicio de fondo contra la autodenominada neurocientífica, psicóloga y psicoterapeuta Elizabeth Silverio, y manifestó que se enteró de que esta era una falsa doctora a través de la prensa.
“Nosotros llevamos a nuestro hijo al centro de Elizabeth Silverio, a través de una persona que trabaja en el Congreso Nacional, quien la recomendó”, explicó.
De la Rosa declaró ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce esta etapa procesal, que Silverio se presentó como doctora en neurociencia y dijo haber estudiado en Cambridge University y otras universidades internacionales.
“Ella manejó el tema y, por lo que pudimos escuchar, nos dimos cuenta de que podía estar preparada”, expresó la legisladora.
Otro testigo presentado en el juicio fue Geraldo Mesa, director del departamento de Habilitación y Acreditación de Establecimientos y Servicios de Salud, quien informó que al momento de cerrar el mencionado establecimiento, la imputada no estaba habilitada para ejercer.
La acusación establece, además, que Elizabeth Silverio engañó y estafó a los padres, haciéndoles creer que era profesional de la salud, mediante el uso de documentos falsos, con los que ofrecía atenciones psicoterapéuticas, consultaba, evaluaba, medicaba y entregaba informes con recomendaciones para aplicar psicoterapias, rubricando y sellando con un sello gomígrafo que contenía un exequátur falso e inexistente.
Está siendo juzgada por violar los artículos 147, 148 y 405 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 92, 93 y 157, numeral 7, de la Ley 42-01, además del artículo 62 de la Ley 66-97, Ley General de Educación. También por los artículos 13 y 396 de la Ley 136-03 sobre la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
