EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana (Udicard) demandó este martes la reposición laboral, pensiones e indemnización a las familias de los diplomáticos fallecidos, cancelados a principios de la administración del presidente Luis Abinader, en una rueda de prensa.
Del grupo de diplomáticos cancelados, 270 llevaron sus casos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Administrativo (TSA) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de los cuales que acudieron al sistema judicial resultaron 50 con ganancia de causa en la actualidad, algunos pidieron reintegro, y otras pensiones.
La demanda fue presentada por el presidente de la Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana (Udicard), Rafael Hernández, en representación de los diplomáticos, “cancelados en decretos masivos, violando las leyes y la Constitución de la República, cancelados con enfermedades catastróficas, inclusive, dializándose, varios de ellos después de cancelados fallecieron”.
“Además, estamos iniciando un proceso de denuncia ante la contradicción en las Altas Cortes en aras que el Gobierno reconozca la Ley Núm. 314-64 como la ley que ampara a los diplomáticos que canceló a principios de su Gobierno”.
La OIT
Explicó que, el Gobierno dominicano desde (2022-2023) cuando empezaron a salir las sentencias favorables a los diplomáticos, empezó a desacatar las sentencias y un grupo de esos se organizaron en la Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana (Udicard) y llevaron una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La OIT admitió la reclamación nuestra, es un organismo de arbitraje de los conflictos labores, a pesar de que el Estado dominicano hizo una réplica contraria, y el Gobierno en nuestro caso violó tres convenios, los convenios 95, 102 y 111 firmados por la República Dominicana en la OIT”, aclaró.
Contradicción entre TC y SCJ
Respecto al TC y a la SCJ, entraron en una contradicción en diciembre de 2023 y el TSA entró en contradicción con el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) vía cancillería que, “había ingresado 57 diplomáticos a la carrera”.
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Sostuvo que la contradicción entre las altas jurisdicciones, TC y SCJ, “está basado en que el TC dice que los diplomáticos no le asieron estar protegidos por la Ley Núm. 314-64, sino por la Ley Núm. 14-91, que fue receptada y emitida en el 1991”.
Recordar que, los convenios firmados entre Estados y los organismos internacionales tiene categorías o jerarquía constitucional, y entran en el renglón del Bloque de Constitucionalidad, pese a que no estén reseñados en la Carta Magna.
