EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMIMGO.- Diez de las víctimas del trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo de al menos 235 fallecidos y numerosos heridos, han interpuesto formal recurso de apelación contra la medida de coerción dictada en favor de los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.
La medida apelada fue dictada mediante la resolución No. 0670-2025-SMDC-01177, por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La magistrada impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica, lo cual ha sido considerado por los querellantes como una decisión incongruente con la magnitud de los hechos y el peligro procesal que representan los imputados.
Los recurrentes son: Gregorio Adames Arias, Jenire Yuleisy Mena Martínez, Nelson Encarnación Romero, Juliana Vanessa Castillo Vargas, Emma Dolores Acevedo, Emely Luisa Reyes López, Francisco Aurelio Martínez Mejía, Wilbi Rafael Heredia Encarnación, Cristóbal Hilario Moya Eustate y Ana María de Bossu.
Estas personas se constituyeron en actores civiles, representadas por los abogados Plinio C. Pina Méndez, Luis Aybar Duvergé e Indhira Oller Martínez.
La apelación argumenta falta lógica y coherencia por parte de la magistrada en la motivación” de la resolución emitida, señalando contradicciones en los razonamientos y omisión de pruebas esenciales aportadas por el Ministerio Público.
A juicio de los recurrentes, los elementos aportados evidencian con claridad que los hechos configuran homicidio voluntario, en virtud de los artículos 295 y 2 del Código Penal y que el caso no pueden ser tratado como un incidente involuntario.
En consecuencia, los querellantes solicitan al tribunal de alzada que revoque parcialmente la decisión impugnada, y que en su lugar imponga la medida de prisión preventiva, prevista en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, para ambos imputados, a fin de asegurar su comparecencia al proceso, la integridad de la investigación y la capacidad indemnizatoria frente a los graves daños causados.
El recurso fue depositado formalmente el pasado 16 de julio, junto con las pruebas documentales y actos de notificación correspondientes.
Los Espaillat son acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario y negligencia criminal, en violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
