RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes tres meses de prisión como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR 14) Higüey, conocida como «Anamuya», contra Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de matar a una mujer y herir a otras cinco personas el pasado miércoles 23 de julio, en un edificio de apartamentos del sector Naco, en esta capital.
El juez Rigoberto Sena acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva a Pumarol Fernández.
De acuerdo al Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Vidalis Mora, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, agrediendo a diferentes residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, quien perdió la vida.
«Presupuestos médicos contradictorios»
Miguel Valerio, abogado de la familia de Ivonne Handal Abugabil, la mujer de 70 años que perdió la vida en el ataque múltiple ocurrido el pasado 23 de julio en el sector Naco, dijo que los presupuestos médicos entregados por la defensa del acusado Jean Andrés Pumarol Fernández presentan serias inconsistencias y contradicciones que deben ser esclarecidas durante la fase de investigación.
«Los presupuestos en sí eran contradictorios, es decir, los mismos médicos de él establecían fechas que no se correspondían con argumentos que habían ahí», dijo.
Defensa niega contradicciones
Richard Martínez, abogado del imputado Jean Andrés Pumarol Fernández, negó que existan incongruencias en los presupuestos médicos presentados ante el tribunaly cuestionó que su representado haya sido enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 en Higüey (Anamuya), afirmando que, aunque dicho recinto cuenta con un pabellón psiquiátrico, no es el lugar más adecuado para su tratamiento.
En ese sentido, explicó por qué su defendido fue enviado a esa cárcel a cumplir la medida de coerción. “Fue la propia Fiscalía que pidió que se le enviara a la cárcel allá en Higüey en Anamuya, en virtud de que ahí hay un pabellón psiquiátrico. Entonces el juez acoge el pedimento de prisión, lo envía a ese centro psiquiátrico en la cárcel, dígase, ahí es el pabellón”, explicó Martínez, tras concluir la audiencia de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Aunque valoró el hecho de que se tomara en cuenta el estado clínico de Pumarol, cuestionó la idoneidad del lugar. “Nosotros entendemos que no es el lugar ideal, evidentemente se va a esperar en su momento, sin embargo el mensaje es de que se acoge en parte a la teoría porque se le envía a esa cárcel que tiene el pabellón de psiquiatría”.
Padre afectado
Guillermo (Willy) Pumarol, a su salida del tribunal, fue abordado por miembros de la prensa, pero se limitó a decir que no tiene palabras para referirse a lo ocurrido.
Sobre el hecho
El imputado atacó e hirió además, a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.
El hecho fue atendido de manera inmediata por agentes de la Policía Nacional que acudieron en respuesta a una llamada al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Al lugar también se presentó el Ministerio Público.
Durante la intervención, los agentes policiales lograron controlar y arrestar al imputado, quien se encontraba armado con cuchillos y mostraba una conducta violenta. El imputado fue detenido en flagrante delito.
El Ministerio Público imputa a Pumarol Fernández, de 30 años de edad, de la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2 sobre tentativa de homicidio y el artículo 309, que sanciona las heridas y la violencia voluntaria.
También, violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de armas blancas con fines delictivos.
Dadas las circunstancias del caso, el Ministerio Público considera la prisión preventiva como la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, conforme al artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal.
