RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó cuatro condenas, dos a 30 años, y otras dos a 15 años de reclusión mayor contra igual número de integrantes de una organización del narcotráfico que fue investigada, desarticulada y judicializada en este distrito judicial, luego de que se le ocuparan 100 kilogramos de cocaína.
Las condenas fueron impuestas contra Fernando Rafael Peña Pichardo y Roberto de Jesús Portes Cruz, sentenciados a 30 años de prisión, así como contra Wimber Caminero Sabino y Johan Alberto Rodríguez Mejía, quienes permanecerán durante 15 años privados de su libertad, así se indicó mediante una nota de prensa.
El tribunal también ordenó a Peña Pichardo y Portes Cruz, el pago de multas de 5 millones de pesos.
Asimismo, adicional a la pena, Caminero y Rodríguez Mejía deberán pagar multas al Estado por un monto de 1 millón de pesos.
Según el informe del Ministerio Público, la Fiscalía de Santiago había recibido detalles precisos de la ubicación de los traficantes que conducían en caravana desde el municipio Villa Altagracia hasta esta zona, y le persiguieron por un tramo de la autopista Duarte, en la jurisdicción de Santiago, donde fueron interceptados.
Peña Pichardo abordaba una yipeta Rexton, modelo SangYong, color gris; Rodríguez Mejía conducía otra yipeta Dodge, modelo Durango, en tanto que Caminero se trasladaba en una camioneta Ford, modelo F150.
Además de los 100 kilogramos de cocaína, distribuidos en paquetes y escondidos en caletas o doble fondo, al grupo se le incautó de $83 mil pesos y 2,400 dólares, relojes, y otras prendas, así como documentos, teléfonos celulares y otras pertenencias.
Al profundizar en las características de esta organización, los fiscales investigadores designados para el caso, determinaron que se trata de un grupo criminal que opera recibiendo grandes cantidades de drogas desde Sudamérica para, posteriormente, enviarlas a Europa y Estados Unidos, utilizando transporte marítimo y aéreo desde República Dominicana.
Para el trasiego de la droga, como lo hacían en la frustrada transacción, utilizaban vehículos de motor con compartimientos secretos. Esta organización es parte de una estructura que tiene sus tentáculos a nivel internacional.
En el juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell, al exponer sobre la trascendencia de los hechos, sostuvo que «el patrocinio y tráfico transnacional de drogas, son hechos de acción pública, ya que lesionan gravemente el orden público, la paz social, el derecho a la salud y la seguridad del Estado».
Valiéndose de una considerable cantidad de elementos probatorios, las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Dayana Peñaló, impusieron las penas.
