RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial y Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó el domingo 18 meses de prisión preventiva a los principales imputados en la operación Búho, por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
A los demás acusados de estafa se les impuso arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El juez Máximo Saint Hilaire dictó las medidas de coerción y declaró el proceso de tramitación compleja, así se indicó mediante una nota de prensa.
La prisión preventiva fue impuesta a Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
A Kenia del Carmen Liriano Pérez le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía de 3 millones de pesos, mediante compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
En tanto que Ana Cecilia Tejada Santos recibió como medida coerción la presentación de una garantía de 3 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
Mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta la presentación de una garantía de 1 millón de pesos, mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país y la presentación periódica los días 25 de cada mes.
El juez fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.
Los entramados enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, asi como robo de identidad de personas.
Según el Ministerio Público los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
La instancia con la solicitud de medida de coerción presentada contra los procesados contiene 224 páginas y suficientes evidencias que los involucran en los hechos imputados.
El Ministerio Público puso en marcha el 4 de octubre la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La solicitud de medida de coerción fue sustentada por los fiscales Eduardo Velázquez, Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
