EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un capitán de una yola fue condenado a 10 de prisión tras intentar llevar 20 personas indocumentadas a Puerto Rico en el año 2024.
Se trata de Teodoro Avelino Carela (Butu), quien fue condenado por el Tribunal Colegiado de Hato Mayor de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.
De acuerdo a un comunicado, Butu deberá cumplir su condena en la cárcel pública de El Seibo. Mientras que se dictó sentencia absolutoria al coimputado Fernando Pierre Alcined.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó en el expediente acusatorio que, alrededor de las 9:30 horas de la noche, del día 2 de septiembre de 2024, la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard, por sus siglas en inglés), informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná, se encontraba una embarcación de datos ignorados, con varias personas a bordo.
Ante la alerta, la ARD realizó una inspección en el lugar, logrando interceptar a una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, equipada con dos motores fuera de borda, de aproximadamente 23 pies de eslora. En el interior transportaba a 20 personas (18 hombres y dos mujeres).
Los procesados se dirigían con el grupo hacia la vecina isla luego de salir de una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.
Durante la investigación se determinó que a cada persona le fue requerida la suma de US$5,000 dólares para el viaje, de los cuales podían entregar de manera inicial un avance de mil dólares americanos (US$1,000) y al llegar a Puerto Rico entregar los otros cuatro mil dólares (US$4,000) o pagar la suma total de cinco mil dólares americanos (US$5,000) al llegar a su destino.
El fiscal Wilson Santana José, quien tuvo a cargo la investigación, otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 1, letras f y h, y 2 y 7, letra c, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano. En la litigación el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Luz Almonte.
La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, del citado tribunal, quienes declararon las costas penales de oficio.
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