RESUMEN
Cada 7 de enero se conmemora el Día del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado consagrados en la Constitución de la República. Tradicionalmente, esta fecha sirve de escenario para discursos, actos solemnes y rendiciones de cuentas. Sin embargo, más allá del protocolo y la formalidad, este día debería invitarnos a una reflexión profunda y honesta sobre el estado real de la justicia dominicana.
En este contexto, resulta oportuno destacar que el actual presidente del Poder Judicial, Mag. Luis Henry Molina, podría estar frente a su último año al frente de dicha institución. A mediados del 2026, vence el período para el cual él y otros jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron designados, lo que implicará una evaluación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Este escenario convierte su eventual discurso de conmemoración no solo en un balance de gestión, sino también en una oportunidad para dejar planteados los retos que aún persisten y que no pueden seguir postergándose.
Pero la pregunta obligada sigue siendo la misma: ¿en qué condiciones se encuentra hoy la justicia dominicana?
La respuesta, lamentablemente, dista mucho del ideal constitucional.
Desde el punto de vista presupuestario, el Poder Judicial continúa operando con un déficit que resulta injustificable. La ley establece que debe recibir el 2.66 % del Presupuesto General del Estado, sin embargo, en la práctica apenas se le asigna poco más de un uno por ciento. Este incumplimiento sistemático no es un simple dato técnico; es una clara manifestación de la falta de voluntad política para fortalecer un poder del Estado llamado a garantizar derechos fundamentales. ¿Cómo exigir eficiencia y calidad en el servicio judicial cuando se le niegan los recursos mínimos para operar?
Las consecuencias de este abandono presupuestario son evidentes. Muchos Palacios de Justicia del país presentan condiciones deplorables: infraestructura deteriorada, ausencia de plantas eléctricas, falta de climatización, mobiliario insuficiente y una alarmante escasez de personal. En estas condiciones, pretender una justicia eficiente y digna no solo es irreal, sino injusto tanto para los jueces como para los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de respuestas.
A esto se suma uno de los males históricos del sistema: la mora judicial. El retardo excesivo en la emisión de decisiones sigue siendo una herida abierta en el Poder Judicial. Para el ciudadano común, la justicia que tarda es una justicia que no llega, una realidad que confirma aquella frase tan repetida como vigente: “Justicia tardía es justicia denegada”. Combatir la mora judicial no puede seguir siendo un simple enunciado en discursos institucionales; debe convertirse en una prioridad real y medible.
Es justo reconocer que la actual gestión ha impulsado importantes avances en materia tecnológica. La virtualización de procesos, el acceso digital a expedientes y la celebración de audiencias remotas representan pasos positivos hacia una justicia más moderna. No obstante, estos avances, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes si no van acompañados de sistemas de atención al usuario eficientes, canales de comunicación efectivos y plataformas digitales verdaderamente funcionales. La tecnología no puede convertirse en una barrera más para el ciudadano, sino en un puente que facilite el acceso a la justicia.
Asimismo, el Poder Judicial enfrenta el desafío de humanizar aún más su labor. La justicia no puede ser distante, fría ni inaccesible. Los jueces, antes de ser magistrados, fueron abogados, y ese origen común debería traducirse en una mayor empatía hacia los abogados litigantes y, sobre todo, hacia los ciudadanos que confían en el sistema para la solución de sus conflictos.
En este Día del Poder Judicial, más que felicitaciones automáticas, se impone un llamado a la autocrítica y al compromiso real con la mejora del sistema. Celebrar sin cuestionar sería ignorar las carencias que aún persisten. Fortalecer la justicia no es una concesión, es una obligación del Estado.
Porque, al final, no podemos olvidar que una ley no es justa por el simple hecho de existir; debe existir porque es justa. Y esa justicia solo será posible cuando el Poder Judicial cuente con los recursos, la voluntad y la sensibilidad necesarios para cumplir con su verdadero rol en la sociedad.
Por Paul Maldonado