EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- Anyelo Frías, consultor jurídico de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), destacó que desde la promulgación de la Constitución en 2010, la finalidad de la pena en la República Dominicana ha dejado de ser retributiva.
«El castigo no es el objetivo principal», afirmó.
Frías explicó que el artículo 40 de la Constitución, establece que la pena debe estar orientada hacia la educación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, permitiendo que estas puedan integrarse exitosamente a la sociedad tras cumplir su condena.
El consultor jurídico DGSPC subrayó que uno de los pilares fundamentales para lograr la reintegración de estas personas es la terapia ocupacional, complementada con la educación. «Para esto, hemos establecido acuerdos con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Defensor del Pueblo y diversas universidades. Indicando que esos convenios permiten que las personas privadas de libertad adquieran habilidades y conocimientos que les serán útiles una vez que reingresen a la sociedad.
En ese sentido, detalló que los privados de libertad generan recursos económicos a través de la venta de productos, como muebles y artesanías, que fabrican en los talleres de ebanistería gracias a los cursos impartidos por Infotep. Estos trabajos, además de proporcionarles un oficio, generan ingresos que se distribuyen de acuerdo con lo estipulado por la ley.
«El dinero se divide en tres partes, una se deposita en una cuenta a nombre de un familiar, otra en una cuenta personal del privado de libertad para que disponga de fondos al salir en libertad y la tercera parte se destina al sistema penitenciario, que suministra la materia prima para los talleres», explicó.
Anyelo Frías habló en esos términos al ser entrevistado por Franklin Santos y Sara Sofia, en la cobertura especial “Ruta de los Derechos” desde Santiago, transmitida por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver transmisión)
Frías resaltó que hay dos aspectos clave: primero, la persona privada de libertad aprende un oficio, y segundo, cuando sale cuenta con un capital que le permite emprender un proyecto o negocio propio. Señalando que estas oportunidades no sólo brindan a los internos una fuente de ingresos, sino que también facilitan su reintegración al tejido social y económico.
Asimismo, señaló que la venta de los productos elaborados por los internos se realiza principalmente durante los días de visita, en una sala de exhibición dentro de los centros penitenciarios.
«Los familiares que los visitan los fines de semana tienen la oportunidad de comprar los artículos que ellos fabrican y los ingresos obtenidos se distribuyen conforme a lo establecido por la Ley 113-21, a través de un sistema administrado por la Procuraduría General de la República, bajo el sistema de cuentas conocido como Economato, desde donde se gestiona la distribución de los fondos”, aseguró.
