Mediante las resoluciones RIC-0129-2025 y RIC-0132-2025, la institución declaró la inhabilitación permanente del ingeniero César Augusto Castillo Cáceres y de la empresa Smartcon, S.R.L., luego de comprobarse que ambos incurrieron en la falsificación y alteración de documentos durante procedimientos de contratación pública.
En el primer caso, el ingeniero César Augusto Castillo Cáceres fue inhabilitado de forma permanente por presentar credenciales laborales falsas dentro de su oferta técnica en el procedimiento por Comparación de Precios Núm. CORAAVEGA-CCC-CP-2024-0009, llevado a cabo por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), destinado a la ampliación de redes de alcantarillado sanitario y redes de agua potable en la ciudad de La Vega, provincia La Vega.
Durante la investigación, la DGCP comprobó que los contratos y cartas de recomendación aportados no fueron emitidos por las empresas mencionadas, que las empresas a nombre de las cuales se presentaron los documentos informaron que no emitieron dicha documentación ni mantienen vínculo laboral con el ingeniero Castillo Cáceres ni las firmas y sellos eran inconsistentes con los registros reales. Tampoco el proveedor presentó defensa dentro del plazo otorgado.
Como resultado, el órgano rector decidió su inhabilitación permanente para contratar con el Estado.
El segundo caso corresponde a la empresa Smartcon, S.R.L., la cual fue sancionada con inhabilitación permanente por presentar un acta de asamblea adulterada en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a su distribución en los centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027.
Las pruebas evidenciaron que el número del registro mercantil del documento correspondía a otra empresa y la Cámara de Comercio confirmó que el acta presentada no estaba registrada en sus archivos.
Ante estos hallazgos, el órgano rector determinó la inhabilitación permanente de Smartcon, S.R.L. para contratar con el Estado.
La DGCP reiteró que presentar información falsa implica perder el derecho de contratar con el Estado dominicano de manera definitiva, reafirmando su política de tolerancia cero frente a la falsificación o alteración de documentos en los procesos de compras públicas.
“Seguimos actuando con firmeza para fortalecer la transparencia, la confianza y la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas”, subrayó la institución en un comunicado oficial.