RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejó este jueves detenido al comunicador Nelson Gutiérrez hasta tanto pague una garantía económica de 500 mil pesos, como parte de las medidas impuestas en el proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria contra el exdirector general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.
El tribunal dispuso que una vez el comunicador pague la fianza, deberá continuar el proceso judicial bajo presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país, como medida de coerción.
Gutiérrez, quien además se desempeña como director ejecutivo nacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), permanece recluido en la carcelita provisional ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras gestiona el pago de la garantía económica.
El abogado de Guzmán Peralta, Pedro José Duarte Canaán, informó que al también imputado en el caso, Joan René Santana, alias “El Francotirador”, el tribunal le dictó presentación periódica ante el tribunal los días 30 de cada mes.
A los dos acusados se les atribuye violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente en sus artículos 21 y 22.
Señalamientos del comunicador
Nelson Gutiérrez ha sostenido que durante la gestión de Guzmán Peralta al frente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) habrían sido “dilapidados unos 441 millones de pesos”.
Según el comunicador, un inventario realizado a requerimiento de la Policía Nacional habría evidenciado procedimientos irregulares en compras, pagos, manejo de cajas chicas y contrataciones, que presuntamente se habrían realizado sin agotar los procedimientos internos correspondientes ni contar con los soportes legales requeridos.
Gutiérrez afirmó que dichas presuntas irregularidades estarían contenidas en un informe elaborado por una comisión de oficiales superiores de la Policía Nacional, designada para esos fines, por lo que consideró que el Ministerio Público debe investigar el caso para establecer responsabilidades.
El proceso se originó tras la querella interpuesta por el mayor general Guzmán Peralta, quien figura en el expediente como víctima, querellante y actor civil.
La próxima fase será el inicio de la audiencia preliminar ante el mencionado juzgado.
