EL NUEVO DIARIO, URUGUAY.-Inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay destaparon una fraudulenta maniobra millonaria contra el fisco del país que implica a dos estudios falsos que creaban empresas fantasma y a empresarios que hacían uso de sus servicios, confirmaron a Efe fuentes oficiales.
La red delictiva, que hasta el momento presenta una defraudación de 78 millones de pesos uruguayos (unos 2.700.000 dólares), registraba sociedades anónimas en la DGI a nombre de testaferros que certificaban sus domicilios con escribanos "que se prestaban a la maniobra", explicó el director de Rentas de la DGI, Joaquín Serra.
Los testaferros eran "personas insolventes" que "nunca sería imaginable" que pudieran ser directores de una sociedad anónima por su situación económica, apuntó Serra.
Luego de la inscripción en el fisco uruguayo las empresas fantasmas, adquirían sus facturas y comenzaban a operar de tres maneras diferentes.
"Había empresarios con cierta actividad que habían resuelto evadir y adquirían alguna de estas sociedades, facturaban sus ventas con la documentación que accedían por este mecanismo y todo tenía una apariencia de formalidad y corrección", explicó Serra.
Después de ello, según añadió el director de Rentas, los empresarios "usaban un tiempo" las entidades y las desechaban para adquirir otra diferente para "evadir los controles" y dificultar la identificación de los responsables en caso de que se comprobara el incumplimiento.
La segunda forma de operar surgía a partir de intermediarios de los dos estudios que "vendían facturas" a empresas que quisieran "inventar un gasto" para reducir el IVA y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)
"(El empresario) pedía una factura que se la completaban en el momento, decía: ‘quiero generar un gasto de 100.000 dólares, un millón de pesos o cualquier monto’, y ellos lo ponían e inventaban un servicio o venta inexistente que genera un IVA que nadie iba a pagar", manifestó Serra.
En tanto, el funcionario de DGI expresó que la tercera operación delictiva consistía en proveedores informales que "compraban facturas" y le vendían servicios a otras empresas que "eran engañadas".
La red delictiva involucra a grandes empresas ya que la información surgió a raíz del análisis de las 12.000 compañías "de mayor tamaño del país" que representan el 65 % de la recaudación de la DGI.
Sin embargo, el funcionario explicó que "no necesariamente" las empresas que documentaron un gasto con este tipo de facturas sean beneficiarias de la maniobra, ya que "pueden haber comprado un bien o servicio" y que quien defraudó al fisco sea el proveedor.
La maniobra comenzó a descubrirse en 2015 con los controles anuales que realiza la dirección en los que hallaron situaciones "llamativas".
"Lo que hicimos fue buscar las pruebas que mostrara que quienes generaban las facturas y las sociedades eran quienes asesoraban a las empresas para hacer la defraudación", dijo Serra.
Hasta el momento se llevan controladas 84 empresas y se planifican controlar 200 más. A su vez, se presentaron seis denuncias penales que resultaron con los dos ideólogos de la maniobra procesados con prisión y un empresario y dos intermediarios procesados.
Por otra parte, el director no descartó que esta maniobra tenga alguna relación con la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) descubierta por la Policía uruguaya y que consistía en realizar afiliaciones falsas a diferentes prestadores de salud para así obtener, a través del Fonasa, una partida mensual por afiliado.
"Puede ser que algún promotor del área de la salud haya adquirido una sociedad de estas para ingresar socios con esta modalidad", concluyó.
